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Provincias reclaman parte adeudada de la coparticipación

A través de un proyecto de ley presentado por el interbloque que integran 14 senadores nacionales, se pretende eliminar la autorización al Gobierno Nacional para retener el 15 % de la masa de impuestos coparticipables, facultad surgida del acuerdo entre el Poder Ejecutivo Central y los gobiernos provinciales, que data del 12 de agosto de 1992 y que fue ratificada, en el mismo año, por la Ley 24.130.
La iniciativa acaba de ingresar a la Cámara alta, y lleva las firmas de Ricardo Gómez Diez, Luz Sapag, Marita Colombo, Hilda González de Duhalde, Rubén Giustiniani, y Carlos Rossi, entre otros senadores del interbloque, e indica en sus argumentos que el acuerdo citado, por el que las provincias autorizaron al Estado Nacional a retener un 15% de la masa coparticipable para atender el pago de obligaciones provisionales y otros gastos, cumplía su cometido cuando el sistema de jubilaciones mostraba un elevado déficit y estaba prácticamente colapsado. Pero hoy la realidad es otra, y las provincias se encuentran sin poder salir de su ahogo financiero.

En la misma línea, en los fundamentos del proyecto se deja constancia que las provincias, al ceder parte de la coparticipación, vieron profundamente deteriorada su situación fiscal, y particularmente durante el período pre-crisis 1993/2001, el déficit fiscal primario aumentó en promedio a 0.5 % del PBI y el déficit financiero a 1.0 %, lo que hizo que la deuda pública provincial se triplicara, aumentando a $ 24.100 millones.
En definitiva, la propuesta plantea que el esfuerzo que realizaron las provincias en términos de recursos para auxiliar al Sistema Provisional fue tal, que el conjunto de jurisdicciones terminó desfinanciado y con un endeudamiento crónico.

Por caso, en la actualidad, la situación fiscal provincial no es holgada, y para el año en curso se espera un resultado fiscal de cero, y tras el pago de intereses de la deuda, se estima un déficit de 0.4 % del PIB, sin contar los vencimientos de capital que estos distritos deben afrontar cercanos al 1.1 % del PIB, lo que hace que las necesidades de financiamiento provinciales, sea realmente elevada, llegando al 1.5 %.

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