Recordemos que la remisión del convenio del famoso Call Center –suscripto por la Sra. Gobernadora- al Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, puso en evidencia una increíble saga de irregularidades en la confección del mencionado instrumento demostrativos de que resultaba violatorio de las disposiciones del marco legal invocado (ley N°5238 de Promoción Económica e Incentivos Fiscales), de la Ley 4938 de Administración Financiera de la Provincia de Catamarca y de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Estos vicios fueron motivo suficiente para que el Cuerpo Deliberativo de la Ciudad Capital – con la aprobación de los propios concejales oficialistas- devolviera el citado convenio al Departamento Ejecutivo Municipal al tiempo de señalar que no estaban facultados por Carta Orgánica para aprobar incentivos de esta naturaleza.
Sin embargo, esto permitió que la opinión pública conociera que el simple “borrador” de convenio (tal como lo calificaran funcionarios provinciales una vez desnudadas estas irregularidades) al que le faltaba nada más y nada menos que ajustar los números finales del aporte a realizar por el Estado Provincial a una sociedad anónima, había sido suscripto por la mismísima gobernadora de la provincia.
Mientras tanto la Sra. Gobernadora insiste apartarse del marco de las disposiciones de la Constitución de la Provincia y de las leyes que juró hacer cumplir y respetar al garantizarle a esta sociedad anónima un cuantioso aporte de recursos públicos no previstos en la Ley de Presupuesto de la Provincia, con la finalidad de subsidiar la generación de empleo a una empresa privada elegida de forma arbitraria en violación del marco legal vigente, a lo que deben sumarse el otorgamiento de exenciones impositivas, el alquiler del inmueble en el que funcionara tal emprendimiento, la refacción de esa infraestructura edilicia, propiedad de una empresa quebrada, todo esto financiado con fondos del estado sin que medie contrato alguno.
Esto en definitiva, no es sólo un verdadero mamarracho, es también una operación carente de publicidad, transparencia, claridad, igualdad de oportunidades y tantos otros principios legales que resultan de observancia obligatoria para los funcionarios al momento de asignar recursos públicos que tienen bajo su custodia, máxime si lo que en realidad procuran es promover el empleo genuino y radicar nuevas empresas o ampliar las existentes en nuestra provincia.
Los catamarqueños desconocemos si hubo compulsa pública para elegir a la empresa Task Solution, en que consiste su “proyecto de inversión” en atención a los cuantiosos recursos que tiene que aportarles el estado provincial para que pueda funcionar, que seguridades brinda para la creación de empleo y la incorporación de empleados, como y por quien o quienes fue elegida, en uso de qué atribuciones legales, cuales son sus antecedentes, su capital, su composición accionaria y las garantías que ofrece para cumplir con un contrato aún desconocido, entre tantos otros interrogantes.
El gobierno provincial goza de amplias facultades legales para generar incentivos al desarrollo de actividades económicas y la generación de empleo genuino en nuestro territorio. Esperamos que se enmarque en ellos y no insista en avanzar con este tema del Call Center violando la ley y reeditando experiencias negativas como la de los famosos bingos de Capresca que derivaron en la transferencia de recursos provenientes del juego a una ignota ONG, entre otros casos.
Por los motivos esgrimidos, ante la insistencia en el error y la renuencia a discutir este tema en la legislatura provincial no nos quedará otra opción que accionar ante la justicia penal a los fines de que se proceda a deslindar las responsabilidades implícitas en esta oscura operación.
Diputada María T. Colombo
Diputado Juan Pablo Millan
