La demanda se encuentra motorizada debido a que este magistrado fue quien libró las respectivas órdenes judiciales para que se concrete el abandono de los pueblos originarios de los sectores que habitan en la localidad de Colalao del Valle.
La solicitud se fundamenta bajo el causal de "falta de cumplimiento de los deberes a su cargo" puesto la realización de actos "de manifiesta arbitrariedad" e ilegalidad por parte de Peral.
Esto se refleja, según los demandantes, en las sentencias dictadas contrarias al ordenamiento jurídico vigente en posición evidentemente parcial a favor de Comunidad Aráoz Hnos.
Cabe resaltar que la Ley 26.160 -en vigencia- resguarda las garantías de las comunidades originarias al suspender, hasta noviembre de 2013, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de tierras hasta que se realice un relevamiento total de los pueblos ancestrales asentados a los largo del territorio argentino.
Desde Andhes, agregaron que "no quedan dudas que el juez ha dejado de mantener su buena conducta en términos constitucionales. La delicada misión de resguardar y respetar las leyes Supremas y el orden normativo vigente, ha sido groseramente quebrantada por este magistrado, dejando a la Comunidad Quilmes y a la sociedad toda, con una marcada indefensión". (El Diario 24.com)
