El santafesino apoyó ayer al ex gobernador luego del fuerte cuestionamiento opositor porque devolvió al Senado la media sanción del proyecto de ley que modifica la coparticipación del impuesto al cheque. Con un perfil moderado y sin ánimo de minar su diálogo con el resto de los bloques, Fellner cedió a una fuerte presión, incluso de la Presidenta, para no dar ingreso ni girar a comisiones la iniciativa que desató polémica porque el oficialismo considera que era necesaria una mayoría especial para su aprobación.
Según Rossi, el jujeño actuó en el marco del reglamento. “Fue un trámite impecable. Mucho más prolijo que algunas cosas que hemos visto últimamente en el Congreso”, sostuvo en un comunicado. Además, adelantó que, como aclaró Fellner en la carta que le envió al titular del Senado, Julio Cobos, el asunto se dirimirá directamente en el pleno en la próxima sesión ordinaria, donde la oposición tendría el número para imponerse. Esto ocurre después de que el jefe del bloque radical, Oscar Aguad, advirtiera que “podría revisar” la permanencia de Fellner en su cargo.
Hasta ahora, sólo el PJ disidente manifestó abiertamente que para garantizar el funcionamiento de la Cámara baja es indispensable quitarle la presidencia al kirchnerismo. De hecho, el jefe del Peronismo Federal, Felipe Solá, sostuvo que fue un error haber reelegido a Fellner en su puesto en la sesión del 3 de diciembre, cuando se repartió el poder y las comisiones.
“La Cámara no puede permitir que su presidente actúe representando a la primera minoría (…) Fellner tiene que ponerse muy firme y así va a tener el respaldo de la mayoría, pero tiene que tener ecuanimidad”, dijo Aguad, en declaraciones a radio El Mundo. Si bien lo calificó como un “hombre decente”, exigió que no se someta a las “presiones que llegan desde Olivos”.
Otra vez ayer la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, respaldó la continuidad de Fellner y consideró que su destitución “puede significar un desorden brutal donde nadie obedezca a nadie, y el primer objetivo es que el Congreso funcione y que haya sesiones. Nosotros queremos sostener las instituciones, eso significa sostener al vicepresidente (Julio) Cobos como presidente del Senado, y sostener a Fellner como presidente de Diputados”, señaló.
En el arco opositor se muestran confiados para juntar la cifra suficiente en el recinto y saldar así la discusión. Los diputados no oficialistas replicarán el mismo argumento que sus pares del Senado. Insistirán con que para aprobar esa iniciativa se requiere mayoría simple –es decir, la mitad más uno de los votos– porque la Constitución sólo exige mayoría calificada –la mitad más uno del total de miembros– si el impuesto en discusión les quita recursos coparticipables a las provincias para destinarlos a una asignación específica. En este caso, explican, ocurre lo contrario: devuelven fondos a los gobernadores que rondarán, en total, unos 11 mil millones de pesos anuales. Para reforzar su estrategia legal, citarán antecedentes de votaciones anteriores vinculadas a gravámenes, entre ellas, una en 2001, en el Senado, y otra el año pasado, en la Cámara baja.
La Rosada se despega de los escraches
Las principales espadas mediáticas del kirchnerismo salieron a despegarse y despegar al Gobierno del escrache que, mediante afiches anónimos, cuestionaban la independencia de un grupo de periodistas del Grupo Clarín.
Para el ministro del Interior, Florencio Randazzo, es “lamentable” que “se quiera involucrar al Gobierno” con una serie de afiches anónimos con expresiones contra periodistas y afirmó que el “gobierno nacional no está en contra del periodismo”. Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo que “no sé quién los hizo ni cuál es el objetivo”. “Este gobierno no está en contra del periodismo; por el contrario, con la nueva ley de medios audiovisuales apostamos a que exista una mayor pluralidad de voces y más fuentes de trabajo para los periodistas, con mayor democracia”, afirmó Randazzo.
Además, remarcó que “lo que existe es una pelea de los grupos monopólicos de medios” contra contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y “no (una pelea) del Gobierno contra los periodistas”.
En tanto, Fernández defendió la convocatoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo a realizar un “juicio ético” a periodistas que prestaron servicios en la última dictadura militar; el funcionario enmarcó la iniciativa como un “acto político”.
En ese sentido, el ministro señaló que, como tal, “no hay poder jurisdiccional” para intentar impedirlo. “Es un acto político, ¿y qué pienso del acto político?: Que tienen todo el derecho del mundo (a hacerlo), como lo hará la izquierda y el impresentable de (el diputado Fernando) Pino Solanas dice lo suyo”.
Fuente: criticadigital.com.ar
