En la causa se investiga la actuación de los denominados "Consejos de Guerra Especial Estables" del Primer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura, institución con supuestas facultades judiciales, creada el día del golpe de Estado, 24 de marzo de 1976, para intervenir desde el primer momento en el juzgamiento de los delitos "subversivos" y que, en los hechos, habría servido para sustraer sistemáticamente del conocimiento de la Justicia penal los expedientes en los que constaba la ejecución sumaria de perseguidos políticos por el régimen militar.
Así, según la investigación del juez Rafecas, la intervención de los Consejos de Guerra, conformado por militares y algunos abogados pertenecientes a las Fuerzas Armadas (denominados oficiales auditores) habría cercenado toda posibilidad de investigación real de los homicidios y secuestros cometidos por el aparato represivo del Primer Cuerpo del Ejército en numerosos procedimientos en domicilios o en la vía pública, a los que se habría intentado dar una apariencia de legalidad, impidiendo no sólo el esclarecimiento de lo sucedido sino además la determinación de graves responsabilidades penales por parte de los grupos de tareas actuantes.
La investigación judicial, iniciada a fines de 2013, efectuó un análisis de la totalidad de los expedientes incorporados en la causa del Juicio a las Juntas Militares y sus causas conexas, un centenar de expedientes, en los que aparecen procedimientos militares y policiales fraguados para ocultar los homicidios calificados de más ciento cuarenta víctimas.
Los procedimientos ilegales registrados presentan distintas modalidades, tales como: la ejecución sumaria en la vía pública (Raúl Rodolfo Migueles Chazarreta, Enrique Osvaldo de Pedro, Gustavo Roberto Caruso, Jorge Daniel Fukman, entre otros).
El asesinato de las víctimas en sus domicilios (Eduardo Edelmiro Ruival, Amalia Mónica Fiasche Lucila Adela Révora y Carlos Guillermo Fassano, Carlos Gabriel Jeifetz y Nora Beatriz Salvarezza, entre otros) o bien el asesinato -bajo supuestos enfrentamientos- de víctimas que previamente habían sido detenidas y trasladadas a centros clandestinos (José María Salgado, Martín Ramón Landín, Alejandra Beatriz Roca y Selva del Carmen Mopardo, entre otras, secuestradas semanas antes de que aparecieran asesinadas en la vía pública).
En el marco de la investigación, además, el Ministerio de Seguridad ha estudiado fichas dactiloscópicas que se conservaron en los expedientes en procura de identificar a víctimas que aún permanecen como N.N. y cuyos restos fueron pasados a osarios comunes durante la dictadura.
La investigación llevada adelante por el juez Rafecas pone de relieve la existencia de una actividad generalizada y sistemática, centralizada en los "Consejos de Guerra", dirigida a encubrir los hechos ilegales cometidos por todo el aparato clandestino de represión ilegal del Comando del Primer Cuerpo del Ejército, apareciendo la actividad del citado Consejo -integrado por miembros de las tres fuerzas armadas- como la manifestación institucionalizada de los mecanismos de previsión de impunidad para los represores implementados por la última dictadura militar.
Es del caso señalar que, invariablemente, el cierre definitivo de los expedientes que se tramitaban en dicho Consejo, llevaban la firma de puño y letra de la máxima autoridad militar, el Jefe del Cuerpo I, general Carlos Guillermo Suárez Mason.
Fuente: Télam
