El escrito, remitido por los querellantes al presidente del TOF, José Escobar Cello, sostiene "que la presencia de dichos presos en ese lugar inadecuado, permite a los mismos generar un clima de impunidad, atemorizando con su presencia y su régimen de cuasi libertad a quienes los denunciamos en las audiencias del juicio".
"Entendemos que es una burla a todos nosotros, víctimas de sus atrocidades durante el terrorismo de Estado, y a la sociedad en su conjunto que siguió atentamente el proceso judicial pasado, el hecho de que estos represores estén plácidamente en esa comisaría policial", añade el texto.
Los querellantes denuncian que los represores, condenados en agosto pasado, no tienen "ningún tipo de resguardo en el régimen de custodia, en momentos en que militares-policías condenados se han fugado con facilidad en otros puntos del país".
En el documento enviado a la Justicia, consideran que se trata de "una frustración a poco tiempo de la sentencia" y exigen "que queden bajo la tutela de personal penitenciario, como corresponde".
La carta es firmada por los querellantes y testigos Osvaldo Horacio Marcón, Raúl Pinto, Elvira Ana Dieringer, Adolfo Maggio, Héctor Raúl Borsatti, Juan Ramírez, Oscar Lencina, Alcides Schneider, Edén Sandrigo, Rubén Maulín, Eulogio Sellarés y María Elena Moreira.
También fue suscripta por Rosa Bassi, Juan Badckoch, Olga Bassi, Bernabé Aranda, Víctor González, Alberto Wilhelem, Dante Andrés Ruggeroni, Alberto Prez, Liliana Sartor y Rodolfo Vergara, además de la psicóloga del Programa de Protección de Testigos, Mariana Ramos, y el abogado querellante Iván Bordón.
El TOF condenó el 6 de agosto pasado al ex miembro de la Fuerza Aérea, Danilo Sambuelli, a 21 años de prisión, por los delitos de "privación ilegítima de la libertad, agravada por el empleo de violencia y amenazas; tormentos, agravados por tratarse de perseguidos políticos; y violación de detenidos".
También recibieron condena el ex comisario Carlos Nickisch, a 18 años de cárcel; Arnaldo Neumann, a 13 años; Horacio Machuca, a 11 años; y Rubén Molina, a 10 años.
Los cuatro por violación y vejaciones, además de privación de la libertad y tormentos.
En tanto, el ex militar Jorge Benítez fue condenado a 17 años de cárcel, y Eduardo Luque a 7 años.
Los siete represores fueron enjuiciados por su actuación en el norte de la provincia de Santa Fe durante la última dictadura cívico militar, en una causa que tuvo la particularidad de ser la primera en la provincia en juzgar como de lesa humanidad a los delitos sexuales.
La causa fue conocida indistintamente como Base Aérea, por la sede de operaciones del grupo; Causa Sambuelli, en alusión al jefe de la represión en esa zona; y "Causa 050", por el número con el que comenzó a ser instruIda en la Justicia.
Fuente: Télam