Ambas profesionales se desempeñaban, desde hace 20 años, en el Hospital Neuropsiquiátrico provincial y en los últimos días fueron notificadas del pase a comisión a dispensarios de los barrios Maldonado y Pueyrredón de la ciudad de Córdoba.
"El castigo al que son sometidas estas trabajadoras por realizar un análisis crítico de la situación de la salud mental y los Derechos Humanos en nuestra provincia, a partir de su práctica profesional, consideramos que forma parte de la violación de derechos padecida diariamente por los ciudadanos y las ciudadanas de Córdoba", sostienen desde UyO.
Asimismo añaden que la situación "es peor para quienes viven en un estado de vulnerabilidad, como el caso de los que padecen detenciones arbitrarias, jóvenes víctimas del Código de Faltas; o la existencia de celdas de aislamiento tanto en cárceles como en los neuropsiquiátricos".
"Ante esta nueva arbitrariedad, exigimos al Gobierno de Córdoba la inmediata restitución de estas trabajadoras a sus puestos, y la implementación en pleno de la Ley de Salud Mental, con el consiguiente cambio de prácticas, para alcanzar el pleno respeto a los derechos humanos de los trabajadores y de los ciudadanos con padecimiento mental", piden desde el sector de Unidos y Organizados.
Mientras tanto una asamblea que se realizó hoy en el Hospital Neuropsiquiátrico, con la participación de trabajadores, colegios profesionales, organizaciones gremiales y sociales, se resolvió exigir que se de marcha atrás en los traslados.
Fuente: Télam