En la causa, que reúne 110 víctimas, 37 procesados, ex jueces y fiscales, miembros de la Justicia, policías del D2, penitenciarios y miembros del ejército, "los jueces y fiscales, hoy acusados, pasan a ser partícipes primarios en homicidios, torturas y ataques sexuales, por eso han intentado obstaculizar el inicio del juicio y siguen hoy poniendo obstáculos, valiéndose de medios espurios para lograr su cometido, desprestigiando a los abogados querellantes, a la fiscalía y hasta las propias víctimas".
"La agresión de los familiares de los represores -aclararon- comenzó en las primeras audiencias del juicio mediante carteles ofensivos para las víctimas y para el tribunal, y en las audiencias posteriores se agravaron produciéndose ofensas directas hacia los abogados querellantes".
"La agresión se desencadena cuando los jueces Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret y el ex penitenciario del Centro de Detención D 2 Pedro Linares, pasan de ser calificados como imputados a ´partícipes primarios´ de las detenciones ilegales, homicidios, torturas, ataques sexuales y robos", recordaron.
Si bien, tanto la querella como la fiscalía solicitaron la inmediata detención de los mismos, la solicitud fue rechazada por el tribunal que los juzga.
La APDH, filial San Luis, se solidarizó con todos los abogados representantes de la querella y advirtió que "paulatinamente se van generando conductas agresivas y descalificadoras de familiares y amigos de los represores acusados, por lo que es muy importante que tanto familiares como amigos acompañen a las víctimas en las audiencias donde deben declarar los aberrantes delitos a los que fueron sometidos", concluyeron.
Fuente: Télam
