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Jueves 28 de Marzo de 2024
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Resolvieron un antiguo conflicto de tierras en el que intervino la CIDH

Se resolvió en favor de 71 comunidades aborígenes y 382 familias criollas mediante un decreto del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que recogió recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El decreto que firmó Urtubey fue redactado en el marco de una mesa de trabajo integrada por representantes de los gobiernos nacional, provincial y de las comunidades en conflicto, sobre la base de una propuesta del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda.

La norma relativa a dos lotes del departamento salteño de Rivadavia reconoce la propiedad comunitaria de 400.000 hectáreas para los pueblos toba, tapieta, wichí, chorote y chulupi, y otras 240.000 hectáreas para familias criollas


La norma relativa a dos lotes del departamento salteño de Rivadavia reconoce la propiedad comunitaria de 400.000 hectáreas para los pueblos toba, tapieta, wichí, chorote y chulupi, y otras 240.000 hectáreas para familias criollas, informó hoy la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El decreto resolvió el conflicto por la titularidad de 640.000 hectáreas de los lotes 55 y 14 después de dos años de trabajo de la mesa coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos y constituida tras recomendaciones formuladas por la CIDH al Estado argentino.

El caso se inició en 1998 con una denuncia presentada ante la CIDH por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en representación de la Asociación Civil Lhaka Honhat.

En el 2012, la CIDH produjo el Informe 02/12 sobre el fondo del asunto, en el que determinó que el Estado argentino es responsable internacionalmente por la violación de diversos artículos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los peticionarios.

A raíz de este informe y a fin avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, se conformó la mesa de trabajo, a instancias de la Secretaría de Derechos Humanos, integrada por autoridades y funcionarios nacionales y provinciales.

En ese ámbito se adoptaron cursos de acción, incluidas visitas de trabajo al territorio por parte del secretario Martín Fresneda y autoridades salteñas, el diálogo con los pobladores locales y la verificación de los avances del proceso de regularización de la propiedad de las tierras de indígenas y de criollos.

Representantes de la CIDH realizaron visitas de trabajo a Salta en mayo de 2013 y el mismo mes de este año.

Fuente: Télam

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