La institución bancaria más importante de la provincia de Buenos Aires le giró a la SRA fondos por 106 millones de dólares, pero las obras nunca se ejecutaron y el préstamo no se devolvió.
Por eso, también están imputados, y seguramente serán citados a declarar, varios ex funcionarios del BAPRO y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Según consigna el sitio web del Ministerio de Justicia, el delito que se investiga consiste en "la sustracción de fondos por parte de un funcionario público que los tuviese a su cargo, o la utilización en provecho propio o de un tercero de los trabajos pagados por la administración pública".
Debido a que el estado procesal no está muy avanzado, se estima que en el expediente podrían llegar a considerarse también otro tipo de calificaciones legales.
En 2004, el juez Ricardo Farías llamó a indagatoria a 30 personas pero la defensa de los imputados interpuso decenas de recursos, lo que derivó en la apertura de más de 20 causas paralelas.
En función de esas demoras, Farías declaró, el año pasado, prescripta la acción penal y sobreseyó a los imputados, tanto dirigentes ruralistas como funcionarios.
El fiscal de la causa en primera instancia fue José María Campagnoli, y fuentes cercanas a la investigación aseguran que el funcionario judicial "dejó morir el expediente porque no reclamó al juez por las maniobras de la defensa que trabó el proceso con recursos insólitos".
La Cámara del Crimen revocó la resolución en la que convalidaba la prescripción dictada por Farías, y ahora el juez tendrá que volver a llamar a declarar a todos los investigados.
Además de los integrantes de la SRA, entre los imputados hay ex directivos del BAPRO durante la gestión provincial de Eduardo Duhalde, y el ex procurador de la ciudad durante la gestión de Fernando De la Rúa como jefe de Gobierno, Ernesto Mercer.
Fuente: Télam
