"En este momento se está evaluando qué presentación hará San Luis porque los nuevos decretos tienen el mismo sentido y el mismo efecto que el anterior (por el 2010 que ya fue derogado y que creaba el Fondo del Bicentenario). Es una jugada compleja que han hecho, en la que se están jugando el todo por el todo en el nivel nacional, de espaldas al Poder Legislativo, judicial y sobre todo de espalda a los gobiernos provinciales", sentenció la ministro en diálogo con Infobae.com.
Por su parte, el fiscal de Estado de la provincia, Eduardo Allende, expresó que a su entender los dos decretos "son el mismo decreto abierto en dos".
"Lo que ha hecho es una maniobra para evadir las acciones judiciales. Sacó el mismo decreto pero dividido en dos". Y recordó: "Nosotros ya hicimos la acción en la Corte".
Allende se refería al amparo que había sido presentado en diciembre pasado la provincia que gobierna Alberto Rodríguez Saá, quien pretendía frenar la constitución del fondo especial para garantizar el pago de los servicios de la deuda durante 2010.
San Luis cuestionaba, además, que la decisión se haya tomado a través de un decreto y no con una ley, tal como lo hizo la Cámara Contencioso Administrativo. Sin embargo, la Corte Suprema entendió que la provincia cuyana no tenía legitimación activa para interponer la acción.
Pese al rechazo, el fiscal de Estado puntano cree que la derogación que anunciara la mandataria evidencia la "ilegitimidad" a la que apuntaba el pedido de San Luis.
"Han reconocido la ilegitimidad y la ilegalidad del decreto anterior y por eso la han derogado. Ahora vuelven a hacer la misma maniobra, con un decreto para pagar al FMI y BID y otro decreto para el pago de los bonistas.
Aparentemente, el radicalismo y otras fuerzas políticas, están de acuerdo con que se le pague al FMI. El que es pago de FMI y organismos internacionales es un decreto de necesidad y urgencia, simple, que son 2 mil y pico de millones. El de pago a bonistas, de 4 mil millones y en ese crea una comisión bicameral.
Seguramente porque ese lo van a impugnar más judicialmente y por eso le han tratado de dar un ámbito de mayor transparencia. Son ocho senadores y ocho diputados que van a controlar en qué se gasta y demás", detalló.
"Lo que no se explicó todavía es que van a hacer con los 26 mil millones que el presupuesto ya tenía previsto para pagar lo mismo. Hay una partida doble. El presupuesto le había dado la misma plata. Y ellos igual sacan esa plata del Central", se preguntó en voz alta.
Entonces, ¿van a presentar un nuevo amparo ante la Justicia?
-No un amparo, pero seguramente haremos algo declarativo ante la Corte. Algo más bien de corte político. No un amparo. No, porque ya nos han desconocido.
El fallo nuestro (por el que entendiera la Corte Suprema el pasado 3 de diciembre) fue muy jodido para los otros juicios que están en trámite. Imaginate si la Corte no reconoce nuestro reclamo como provincia, imaginate lo que le va a decir a un diputado o a una fuerza política.
Fuente: Infobae.com
