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Viernes 29 de Marzo de 2024
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Se cumplen seis años de la protesta patronal agropecuaria que constituyó el primer intento destituyente contra Cristina

El 12 de marzo de 2008 las patronales agropecuarias iniciaron un conflicto que se extendió durante 127 días e incluyó un prolongado lock out patronal, negativa a comercializar granos, cortes de ruta, y movilizaciones, en lo que se constituyó en el primer intento destituyente que padeció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Por Rodolfo Colangelo


Un día antes el gobierno nacional, a través del entonces ministro de Economía, Martín Lousteau (hoy diputado nacional por la coalición opositora UNEN), anunció un esquema de retenciones móviles sobre las exportaciones de soja, maíz y trigo que se conoció como Resolución 125.

La propuesta desencadenó un conflicto en el que las negociaciones no lograron acercar posiciones entre las partes, hasta el envío de la Resolución 125 al Congreso donde, aprobada por la Cámara de Diputados, fue finalmente rechazada en el Senado, debido al voto "no positivo" del entonces vicepresidente Julio Cobos.

Se inició así un conflicto donde claramente se enfrentaron dos modelos de país: el industrialista impulsado por el Gobierno y el agroexportador que, con variantes acordes a la economía globalizada, repetía el esquema impuesto por las potencias capitalistas en el siglo diecinueve: división internacional del trabajo en base a prósperos países industrializados y otros empobrecidos limitados a producir materias primas.

La protesta del "campo" planteó además la intención de esos sectores de avanzar en un intento destituyente, el primero contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Basta recordar al entonces presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcatti, especulando en TV -entre sonrisas cómplices con el periodista Mariano Grondona en el programa "Hora Clave"- con esa posibilidad, e incluso, en algunos actos de los ruralistas se vivaron a las Fuerzas Armadas de la dictadura militar.

El 12 de marzo, la Mesa de Enlace Agropecuaria que agrupa a las cuatro principales patronales del campo (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro) lanzó el primer paro contra el Gobierno, anunciando que por 48 horas suspendían la comercialización de carnes y granos en todo el país.

Se sucedieron así bloqueos de rutas, intentos de desabastecimiento, quema de pastizales que cubrieron de humo la ciudad de Buenos Aires y cacerolazos.

El 25 de mayo el sector rural realizó un acto en la ciudad de Rosario, mientras que la Presidenta presidió otro en Salta en el cual pidió que "se pongan por delante los intereses de la Patria".

La Presidenta decidió enviar al Congreso el proyecto de resolución con algunas modificaciones y el 5 de julio el oficialismo logró aprobarlo en la Cámara de Diputados con el beneplácito del titular de la Federación Agraria, Eduarzo Buzzi, quien luego cambió de posición.

En la madrugada del 17 de julio, tras un debate de 18 horas en el Senado, el vicepresidente Julio Cobos desempató la votación y logró así el rechazo al proyecto oficial con su conocido voto "no positivo".

Cobos, que había sido expulsado de la UCR de por vida por "traidor" al sumarse al kirchnerismo, volvió a las filas del radicalismo donde comparte hoy en día espacio político a través del frente porteño UNEN con el propio Lousteau.

A seis años de aquellos hechos, la Mesa de Enlace emitió un comunicado donde sostuvo que "nada hizo el Gobierno, ni parece estar dispuesto a hacer, para que la producción llegue a su potencial en lechería o en ganadería, por nombrar dos producciones en crisis".

En ese comunicado se sostuvo que el gobierno demuestra "enorme desinterés por los productores" y "aunque esta administración parezca no entenderlo, solo con una agricultura con agricultores será posible lograr, además de metas grandilocuentes de producción, verdadero desarrollo integral, con gente viviendo y dándole vida a los pueblos".

No menciona el comunicado los planes para "industrializar la ruralidad" impulsados desde el gobierno, permitiendo así que los pueblos del interior tengan vida sin que sus jóvenes emigren.

En ese marco, el comunicado parece reafirmar la visión de dos modelos de país que se expresó en 2008.

Fuente: Télam

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