"Es un día histórico para la población de Río Tercero y, en particular, para las víctimas"Aukha Barbero, abogado querellante
"Las penas impuestas demuestran que, tal como sosteníamos, la voladura fue perpetrada y programada por estos tipos (en alusión a los cuatro imputados) para ocultar la venta ilegal de armas", aseveró Aukha Barbero a Télam, uno de los abogados querellantes, representantes de las víctimas de lo sucedido.
El letrado se pronunció tras conocer que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba condenó a Edberto González de la Vega, a Carlos Franke y a Jorge Cornejo Torino a la pena de 13 años de prisión, en tanto que a Marcelo Diego Gatto le impusieron 10 años de prisión; en todos los casos, por la comisión del delito de "estrago doloso agravado por la muerte de personas".
Barbero insistió en que espera que la Cámara Nacional de Casación Penal resuelva "pronto" los recursos procesales pendientes para que se pueda definir si también será posible juzgar al ex presidente Carlos Menem y al ex jefe del Ejército, Martín Balza, como siempre lo ha pedido la querella.
En el mismo sentido, el otro abogado querellante, Horacio Viqueira, expresó: "habrá que esperar a conocer los fundamentos de la sentencia (serán brindados el 27 de febrero), porque allí, seguramente, se referirán a los primeros niveles de Fabricaciones Militares, así como a las autoridades políticas y militares de la época, dado que hoy se condenó a quienes formaban parte del segundo y tercer nivel (de FM)".
De todos modos, y tras conocer la decisión del tribunal (lo integraban Carlos Lascano, José Pérez Villalobos y Mario Garzón), Viqueira enfatizó: "lo importante es que está probado de la explosión fue un hecho intencional y que se usó la Fábrica de Río Tercero para ocultar el contrabando de armas. No fue un accidente, ni un algo fortuito, sino programado".
"Es un día histórico para la población de Río Tercero y, en particular, para las víctimas. Si bien nosotros habíamos pedido penas mayores (17 años para los cuatro imputados), está dentro de las facultades del tribunal el poder mensurar entre el máximo y el mínimo previstos para el tipo de delitos. Por eso, en general, estamos conformes", subrayó Barbero.
Las penas dispuestas por el tribunal no coincidieron con lo que habían pedido el fiscal general Alberto Lozada (15 años para los cuatros imputados) ni con los querellantes particulares (17 años para todos los acusados), ni mucho menos con lo requerido por los defensores de los imputados, que habían demandado la absolución de sus clientes, en todos los casos.
A lo largo de todo el juicio oral, según la Fiscalía y según los abogados querellantes, la explosión fue un hecho intencional que tuvo por fin ocultar el "faltante de proyectiles y de municiones que tenía el Ejército, a raíz de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia" en los años 90.
En el juicio se juzgó a los cuatro imputados (Cornejo Torino y Gatto eran autoridades de la fábrica, y Franke y González de la Vega integraban la conducción de Fabricaciones Militares), sin que hayan sido incluidos los ex presidente Menem y el exjefe del Ejército, Balza, quienes fueron sobreseídos, aunque la resolución fue recurrida y aún está pendiente de resolución.
Varias veces el fiscal y la querella pidieron que sea juzgado Menem, porque "se demostró su directa intervención en los hechos ilícitos (venta ilegal de armas a Croacia) que se intentaron ocultar con las explosiones provocadas en la fábrica de Río Tercero".
En junio de 2013, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 (TOPE 3) de Capital Federal condenó a Menem a siete años de prisión por ventas ilegales de armas, entre 1991 y 1995, a Ecuador y Croacia, hecho por el cual también se impuso penas a otros ex funcionarios y ex directivos de Fabricaciones Militares.
Fuente: Télam
