El informe de Tiempo Argentino hace hincapié en cuatro casos "paradigmáticos" de jueces acusados de favorecer la impunidad de los agentes del terrorismo de Estado: el ex juez jujeño Carlos Olivera Pastor; el camarista salteño Renato Balbi Cabanillas; el juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo y el camarista de Bahía Blanca Néstor Luis Montezanti.
En ese sentido, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbo dijo "la impunidad estuvo lograda a través de la parálisis del Consejo de la Magistratura".
Es que muchas de las denuncias contra magistrados, sin ser desestimadas, fueron congeladas o nunca tratadas y al cabo de tres años terminan siendo archivadas por haberse cumplido el plazo máximo en esa situación que estipula la Ley 24.937.
El juez Carlos Olivera Pastor fue quien, como juez subrogante del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy, tuvo en sus manos hasta 2009 -cuando por presión popular tuvo que renunciar a su cargo- la investigación por la represión a trabajadores del ingenio Ledesma durante la última dictadura militar y la complicidad del dueño de esta empresa, Carlos Blaquier.
Sus actitudes dilatorias -que incluyeron el rechazo sistemático al 80% de los pedidos de indagatoria de la fiscalía- fueron objeto de una denuncia en el Consejo de la Magistratura que quedó "en abstracto" tras su renuncia porque la actual legislación no prevé la posibilidad de juicio político para los jueces subrogantes que dejan su cargo.
El juez Renato Rabbi Baldi Cabanillas es miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y es señalado como el magistrado que respaldó desde su tribunal la estrategia dilatoria de Olivera Pastor y fue acusado ante la justicia penal de intentar beneficiar a su cuñado, el represor Alejandro Marjanov.
Además, recientemente tuvo que apartarse de resolver la situación procesal de Carlos Blaquier por integrar con él la Academia Nacional de Ciencias Políticas.
"Las denuncias en su contra aún están abiertas en el Consejo pero con trámite llamativamente lento", dice el matutino.
El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca Néstor Luis Montezanti, quien figura en el listado del Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 durante la dictadura militar y estuvo acusado de vínculos con una patota que asesinó a un estudiante comunista, se vio beneficiado en una denuncia por "maltrato" porque se cumplieron tres años sin un dictamen acusatorio.
Por último, el polémico juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo está acusado de obstaculizar el avance de los juicios de lesa humanidad y de haber extraviado el expediente por el secuestro de María Rosa Baronio y Eduardo Luis Reale.
Según la denuncia, en su juzgado se iniciaron 100 causas por delitos de lesa humanidad desde 2005, pero recién en julio de 2012 tuvo lugar el primer debate oral.
"De todas las instituciones vinculadas al ámbito judicial, creo que el Consejo es la que menos cumplió su deber en estos años, por lo menos en lo que se refiere a las causas de lesa humanidad. Sin nos guiáramos por las sanciones, deberíamos concluir que los juicios nunca tuvieron dificultades", aseguró el coordinador de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, Pablo Parenti.
Para el funcionario "la lógica corporativa" y la "muy poca actividad por diferentes crisis políticas", explican que hoy no exista en el Consejo "un espacio real para que un juez que comete mal desempeño, deba rendir cuentas seriamente".
Fuente: Télam
