El presidente de la comisión de Peticiones y Poderes de la Cámara de Diputados, José Antonio Sosa(FCyS), al analizar las divergencias que emergieron por el sistema de compras directas en el Ministerio de Salud y Acción Social, recordó que ha sido el propio bloque de Frente Cívico y Social(FCyS), a través de su presidenta, Sara Ludueña de Cadó,“atento a la importancia del tema y en ejercicio de las facultades constitucionales de contralor sobre los actos del Poder Ejecutivo Provincial”, el que mocionó el tratamiento preferencial del proyecto en el que se pidió al Tribunal de Cuentas el dictamen final con copia de las actuaciones de la auditoría realizada por ese organismo si el estado del trámite lo permite conforme a la ley orgánica“considerando que es un tema que a todos nos interesa, porque al bloque del Frente Cívico también le interesa la transparencia”
Historió que“en la sesión en la que debíamos tratar el proyecto no ha sido el bloque del Frente Cívico y Social el reticente a ocuparse del tema, sino por el contrario fue la oposición la que reclamó diferir, dilatar, postergar el tratamiento poniendo énfasis en la necesidad de contar con un dictamen final”
“En la sesión del 4 de junio pasado -continuó -, tratamos el proyecto e incorporamos modificaciones a la petición originaria que había hecho el bloque justicialista, en la inteligencia de no dejar dudas sobre lo que solicitábamos y pedíamos al Tribunal de Cuentas, es decir que sea un dictamen final, que esté completo, que no quede ningún trámite abierto, ni inconcluso, que pueda tipificar legalmente y como corresponde los hechos que se denuncian y a quienes les cabe las responsabilidades, y fundamentalmente que se respete el debido proceso y el derecho a defensa que tiene todo ciudadano”
Relató que, con fecha 10 de junio, el Tribunal de Cuentas“envía a la Cámara de Diputados lo que la Cámara no le pidió, ya que solicitamos una auditoria con dictamen final y nos envía una auditoria preliminar, diríamos de campo, incompleta, con un cúmulo de remitos y facturas, cuya valoración final por parte del organismo de control todavía no está realizada y por ende no determina responsabilidades, pero sí afecta derechos y garantías esenciales como el debido proceso y el derecho de defensa, porque involucra a gente”
Para el caso que sus conceptos pudieran ser relativizados dada su condición de legislador oficialista, Sosa se respalda en que en sendas notas, el 18 de junio dirigida al presidente de la Cámara (Guillermo Herrera) y el 20 de junio a él como presidente de Peticiones y Poderes, el propio Tribunal de Cuentas“reconoce expresamente lo que venimos objetando con claridad: falta de conclusión de etapas procesales que exige la propia ley orgánica del Tribunal de Cuentas, dado que expresa que las actuaciones recién se encuentran en el servicio jurídico del organismo”
Apunta que es desde el mismo Tribunal de Cuentas que“se afirma también expresamente que las actuaciones se encuentran en trámite abierto, que todavía no han determinado la competencia del Tribunal en la materia en cuestión, que todavía no han determinado el encuadre legal y las responsabilidades que correspondería atribuir a las personas, que todavía no han corrido vista de las actuaciones a los presuntos responsables a fin de que puedan ejercer su derecho a defensa, y que todavía no han habilitado en el proceso la apertura a prueba y demás medidas que garantizan el debido proceso como corresponde”
“Decía un viejo aforismo jurídico que a confesión de partes relevo de pruebas, sin embargo se agravió gratuitamente y se prejuzgó la conducta, a través de los medios, de ciudadanos que ejercen o ejercieron la función pública sin haberles dado la posibilidad de defenderse, y esto consuma la gravedad del asunto. Todos sabemos lo que le ha costado al país la violación sistemática, en aquellos tiempos de la dictadura militar, de las garantías del debido proceso y el derecho de defensa consagrado en el artículo 18º de la Constitución Nacional”, remató.
Sosa, consideró“falsa, irresponsable y gratuita la imputación mediante la cual se nos ha acusado de encubridores desde el bloque de la oposición a los diputados del Frente Cívico, conducta tipificada en artículo 277º del Código Penal, norma penal que tiene por finalidad proteger el bien jurídico de una recta administración de justicia, habida cuenta que dicho delito afecta justamente a la misma. Ahora bien, para la configuración del mismo es necesaria la existencia de un delito anterior en el que no haya participado el supuesto encubridor y una acción favorecedora posterior a la perpetración del hecho delictivo. Claro está que el bloque del Frente Cívico se encuentra lejos de ello por múltiples razones a saber: hasta aquí no surge la existencia de un delito anterior”
“Es más todavía -añadió -, a pesar de la seria denuncia que efectivizaron al respecto algunos diputados de la oposición referente al tema ante la justicia federal de la provincia hace más de un año, cuando ese cargo lo usurpaba el ex juez federal Aldo Cesar Hugo Nieva, a la fecha la justicia federal no imputó a ciudadano alguno, solamente declaró su incompetencia para entender en dicha investigación, o sea que esta denuncia penal tan seria, articulada por el bloque justicialista, no solo que no fue investigada sino que después de más de un año la justicia federal se declaró incompetente, y ello generalmente suele pasar en Derecho cuando, interesadamente, se pretende sustituir la jurisdicción y competencia original por una jurisdicción y competencia absolutamente dudosa”
En ese sentido, esgrimió que“ante la inexistencia de un delito previo, es imposible invocar la existencia del delito de encubrimiento”“Este bloque no ha tenido una conducta favorecedora para con persona alguna, al contrario este bloque a hecho suyo el proyecto de la oposición y lo ha impulsado con el objeto de poner al tanto la investigación que se lleva a cabo en un ente autárquico como es el Tribunal de Cuentas, a fin de poder determinar con responsabilidad, con seriedad, si existiera algún hecho, alguna irregularidad o algún daño causado a la hacienda pública”, amplió.
En este mismo orden de ideas le causa“profundo asombro”que los legisladores de la oposición, que acusaron a sus pares del oficialismo de encubridores,“no hallan realizado todavía la correspondiente denuncia penal de conformidad con el artículo 176º del Código Procesal Penal, denuncia ésta que se encuentran obligados a realizarla en su condición de funcionarios y si están en eso me parece bárbaro y los invito a que lo hagan y se hagan cargo también del delito de falsa denuncia”
Por último, dijo que la respuesta al informe enviado por el Tribunal de Cuentas“podría haber terminado como lo sugerían los miembros de la oposición en la comisión de Peticiones y Poderes, que planteaban que el circuito estaba ya cerrado, pero nosotros no lo creímos así y por eso hemos querido tratarlo en el recinto de cara a la gente, al pueblo de la provincia y a los medios de comunicación, para que se conozca la verdad real de los hechos”
