El informe emitido por la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) da cuenta de al menos 132 empresarios que permanecieron detenidos-desaparecidos con el fin de expropiarles sus bienes y obligarlos a firmar transferencias en centros clandestinos, incluso ante escribanos cómplices.
Estructuras como las de la CNV, la Justicia, el Banco Central (BCRA), el Nación y en su momento el Banade, tuvieron rol activo en la creación de esa "normalidad fraguada", convalidando operaciones de traspaso, balances o financiaron esas "ventas".
Ante estos casos, en diciembre de 2012, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, lanzó un nuevo organismo del Ministerio Público Fiscal especializado en la persecución de la criminalidad económica y el lavado de dinero.
La jefa de los fiscales nacionales anunciaba la creación de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La Justicia tiene ante sí la resolución de casos como el de la familia Iaccarino, o la causa iniciada por Eduardo Saiegh por el desapoderamiento del Banco Latinoamericano, en la que fueron demandados José Alfredo Martínez de Hoz (fallecido sin que la causa avanzara) y el entonces vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal.
En este caso, el Estado nacional es coquerellante por considerarlo crimen de lesa humanidad. La presentación se hizo a través de un escrito elaborado por el ex secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
Fuente: Télam
