Un Tribunal Popular será quien juzgue la gestión de todos los funcionarios de la ciudad, según un nuevo proyecto de ley.
El diputado porteño Luis García Conde (ARI) presentó un proyecto que instaura el Juicio Popular como forma de balance público al que deberán someterse al finalizar su gestión el jefe y vicejefe de gobierno, los legisladores de la ciudad, los secretarios y demás funcionarios de la administración del Estado cuya designación requiere acuerdo del Poder Legislativo local.
`Se trata de un mecanismo de participación ciudadana a través del cual los funcionarios estarán obligados a rendir cuentas sobre sus acciones públicas`, define García Conde.
Tal como surge del texto del proyecto, los funcionarios serán evaluados individualmente por un tribunal compuesto por once miembros designados por sorteo público en base al padrón electoral de la ciudad.
El Tribunal tendrá un plazo de treinta días hábiles para evaluar el desempeño general con particularidades específicas según el área de desempeño. Los miembros del Poder Ejecutivo serán evaluados según la eficacia de su gestión, la ejecución de las partidas presupuestarias correspondientes y concordancia entre su acción política y la plataforma vigente al momento de la elección mediante la cual obtuvieron el cargo.
Entre los integrantes del Poder Legislativo los temas a investigar serán: concurrencia al recinto y a las comisiones; cantidad, calidad y tipo de proyectos presentados, así como concordancia entre la labor legislativa ejecutada y la plataforma política original.
Los funcionarios de la Administración del Estado cuya designación requiere acuerdo del Poder Legislativo serán indagados acerca de eficacia en la gestión y ejecución del presupuesto asignado a su área.
A fin de elaborar un preinforme, los miembros del Tribunal podrán solicitar la información necesaria en las dependencias en donde se desempeñó el funcionario bajo evaluación, abriendo, además, un breve período para recibir observaciones y opiniones de los ciudadanos. Con toda la información recopilada, citará al funcionario para su correspondiente descargo.
Finalmente, el Tribunal deberá emitir el dictamen final que será publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y será exhibido en los Centros de Gestión y Participación durante un año.
Esta institución de antigua raigambre en el derecho indiano (Recopilación de las leyes de Indias, Libro V Título XV) consistía en un procedimiento destinado a determinar la conducta de todos los funcionarios coloniales. Su objeto no era solamente el castigo de los abusos o arbitrariedades, sino que a través del mismo se exaltaba, si correspondía, la buena conducta del residenciado, lo que significaba un apreciado antecedente para eventuales ascensos en la burocracia colonial y un requisito indispensable para ocupar un nuevo cargo.
“Es un sistema de control sobre la conducta de los funcionarios públicos, ya que si bien no implica un juicio en el sentido tradicional con la emisión de una sentencia de carácter jurídico, tiene el peso de la sanción moral. El dictamen final podrá ser exhibido con orgullo o convertirse en una vergüenza que inhabilite políticamente para una futura función` concluye el diputado García Conde.
