Además, el gobierno de facto había dado un ultimátum al gobierno de Brasil para que defina el status de permanencia de Zelaya en la embajada brasileña en Tegucigalpa, donde el jefe de Estado depuesto está alojado hace una semana, lo que tensó aún más el ánimo de Brasilia, ya crispado por el acoso de militares y policías a su sede diplomática.
La declaración del estado de sitio provocó un quiebre en el frente interno del régimen luego de que representantes de las cuatro bancadas legislativas y de que José Angel Saavedra, titular del Congreso, que debe ratificar la medida de excepción, pidieran a Micheletti, que derogara el decreto respectivo.
"He escuchado el planteamiento del Congreso Nacional y estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de ellos de buscar el diálogo; acepto el consejo, la orientación, la petición que ellos me están haciendo”, señaló el mandatario interino en una rueda de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno, según publicó el sitio on line del diario La Tribuna.
No obstante, Micheletti indicó que consultará "con la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, incluso con los candidatos presidenciales para tener un diálogo importante y así tomar la decisión de derogar ese decreto en el momento más oportuno, para que haya paz y tranquilidad”.
Las nuevas acciones del gobierno de facto, incrementaron, por otra parte, el malestar internacional con los golpistas, como quedó en evidencia este lunes en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA por la crisis de Honduras.
Así, la representación brasileña sostuvo que "ha llegado el momento de decir basta y eso significa impedir que continúe este estado de facto que tal vez pueda extenderse a otros países de la región".
El embajador brasileño ante la OEA, Ruy Casaes, afirmó que no tiene "duda de que existen condiciones para decir que hay una amenaza a la paz internacional, y en este contexto la comunidad internacional debe responder de manera inequívoca, de forma absolutamente cortante", según informó la agencia de noticias DPA.
"Las posibilidades de normalización de la situación en Honduras con miras a un restablecimiento de la constitucionalidad y tener elecciones democráticas es el camino completamente contrario al elegido ayer" por el gobierno de facto, consideró el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al abrir este lunes la sesión.
Sin embargo, el diplomático chileno opinó en contrario a la representación brasileña al considerar que "no existe otra alternativa que el diálogo".
"No se arregla el problema de la democracia desde afuera; la historia está llena de intentos de imponer la democracia desde afuera", insistió Insulza, para quien el "gran instrumento" con que cuenta la OEA en este sentido es que "nadie ha reconocido a la dictadura hondureña".
Por su parte, Lewis Amselem, representante de Washington ante la OEA, advirtió que las últimas decisiones del gobierno de facto son "deplorables y tontas, porque no sirven a los intereses de Honduras ni del régimen golpista en sí".
Constituyen además un "insulto a la comunidad internacional" y al organismo interamericano, agregó el diplomático norteamericano, que resaltó que a Washington lo que "más" le preocupa es la decisión del gobierno de Micheletti de emprender "acciones contra las libertades civiles" al decretar ayer restricciones de la libertad de reunión y opinión.
No obstante, Amselem realizó duras críticas a la actitud de Zelaya, quien el sábado llamó a la "ofensiva final" y a sus seguidores en todo el país para que marchen hoy a Tegucigalpa, cuando se cumplen tres meses del golpe de Estado que lo derrocó.
Zelaya "tiene que portarse como un líder y enviar mensajes claros que expresen puntos de vista de manera pacífica, tiene que dejar de hacer acusaciones y de actuar como si fuese una estrella de cine", criticó el diplomático.
Los nuevos acontecimientos en Honduras agudizan la crispación, advirtió el representante de México ante la OEA, Gustavo Albin, quien expresó su preocupación por las medidas adoptadas contra el personal diplomático de ese organismo, informó la agencia Prensa Latina.
El representante de Nicaragua ante el organismo interamericano, Denis Moncada, denunció que la región está "ante una dictadura militar que está utilizando todos los métodos de décadas pasadas".
Desde Santiago, el canciller chileno, Mariano Fernández, calificó de "cavernario" al gobierno de Micheletti por suspender las garantías y clausurar medios de comunicación.
La presidenta Michelle Bachelet alertó luego sobre la necesidad de evitar una "escalada de violencia" en Honduras, y advirtió que será inaceptable para la comunidad internacional que "bajo condiciones tan extremas" se realicen en ese país las elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre.
Al respecto, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, mediador en el conflicto en sus primeros días desde el golpe del 28 de junio, sostuvo que con un estado de sitio es "muy difícil" que se puedan celebrar elecciones en condiciones normales, mientras que Insulza resaltó que el estado de excepción "es incompatible con un proceso electoral".
