El encuentro se realizará a partir de las 15 en la Sala 1 del edificio anexo de la Cámara de Diputados, donde también se discutirá sobre "las graves consecuencias derivadas por la falta de estadísticas confiables y la persecución a las consultoras privadas".
Hasta ahora, la Secretaría encabezada por Guillermo Moreno multó con $500 mil al Centro de Estudios Económicos (CEE) de Orlando Ferreres; a Eco Go SA (Estudio Bein & Asociados); Finsoport, entre cuyos responsables figura el economista Jorge Todesca, y Buenos Aires City de Graciela Bevacqua.
En tanto, otras tres entidades fueron puestas bajo la lupa y deberán explicar cómo relevan los precios:
Abeceb.com, de Dante Sica; Efimak, de Miguel Kiguel, y la Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE).
Por su parte, la consultora Economía y Regiones, de Rogelio Frigerio decidió suspender la difusión al público de datos de inflación, aunque señaló que seguirá realizando los relevamientos para sus clientes.
La voz de la convocatoria
Para Stolbizer, la convocatoria a audiencia pública responde directamente a "intentar frenar al Gobierno que, a través de la Secretaría de Comercio Interior, aniquiló las estadísticas de precios como un mecanismo de ocultamiento de la inflación".
"Ello condujo necesariamente a la elaboración y uso de datos privados, que evidencian fuertes divergencias con las estadísticas oficiales. Al mismo tiempo, los índices de precios del Indec -a diferencia del pasado- comenzaron a mostrar grandes diferencias con los elaborados por los institutos provinciales", señaló la legisladora.
Afirmó que "el accionar del ministro de Economía, a pesar de la existencia de un informe producido por un grupo de universidades públicas, agrava el cuadro de situación, con una inflación que cada vez más afecta a las economías familiares, sin que esto logre conmover la agenda del Gobierno".
"Así es como el propio Gobierno impulsó la realización de estadísticas privadas de las cuales deben depender hoy muchas empresas y organismos para organizar su planificación, y terminan siendo sancionadas por hacer lo que no hace el Estado. Es una maniobra intimidatoria para impedir el acceso a la información sobre el estado real de nuestra economía." (NA)
