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Sabado 20 de Abril de 2024
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Un legislador pidió la remoción del juez federal Bustos Fierro por considerar que protege a De la Sota

Ricardo Fonseca (Frente Cívico y Social, FCyS) pidió la destitución del juez federal Nº 1 de Córdoba, a quien denunció de brindar "blindaje jurídico" a las operaciones presuntamente fraudulentas cometidas por funcionarios del gobierno de José Manuel de la Sota.
"Por medio de mi abogado, el viernes pasado, pedí al Consejo de la Magistratura de la Nación que suspenda y somete a proceso de remoción a Bustos Fierro, teniendo en cuenta la sobreprotección que el juez otorga al gobierno provincial, particularmente a los funcionarios que nosotros hemos denunciado", dijo hoy a la prensa Fonseca.

Según Fonseca, Bustos Fierro demostró "inactividad" en la causa en la que el propio legislador denunció a De la Sota y a otros funcionarios por supuestas maniobras financieras por las que habrían "desaparecido 500 millones" de pesos de Córdoba Bursátil (encargada de recuperar créditos del ex Banco Social y del Banco de Córdoba) en beneficio de la empresa Kolektor (recaudadora de cartera morosa de la Provincia).

El legislador provincial reiteró que la causa está parada, "a raíz de la falta de iniciativa y celeridad que hubiera tenido que emplear un buen juez, absolutamente comprometido con la justicia, y no con un gobierno de turno, como en este caso".

Fonseca insistió en que la inacción es "totalmente intencional", porque Bustos Fierro rechazó "todas las medidas, incluida una orden de allanamiento, que pidió el fiscal federal (Ennrique) Sentestrari, que ya tiene elementos para imputar a todos los denunciados".

Al mismo tiempo, el legislador expresó que, mientras Bustos Fierro hacía eso en el expediente judicial, "hubo una provocación obscena de De la Sota, que fue el enviar el pliego del hijo de Bustos Fierro (Pablo), como fiscal General Adjunto de la Provincia", lo que fue aprobado por la Legislatura la semana pasada.

"(Ricardo) Bustos Fierro no es de los jueces más confiables, sino que favoreció este blindaje jurídico armado por De la Sota para tapar el hecho más corrupto, que es el defalco de 500 millones de pesos del erario público provincial, con la complicidad de otros funcionarios", enfatizó Fonseca.

La próxima semana, Pablo Bustos Fierro, hijo del juez federal Nº1, jurará como fiscal general adjunto de Córdoba tras haber sido propuesto por el mandatario provincial y tras haber logrado, el miércoles pasado, el aval de la Legislatura cordobesa.

Durante el debate en el que se trató el pliego de Bustos Fierro, legisladores opositores a De la Sota expresaron su "preocupación", porque el padre de Pablo es el juez federal encargado de investigar al mandatario cordobés en la causa por presunto lavado de dinero e irregularidades en el caso Córdoba Bursátil.

Luego de varios cruces en el recinto entre la oposición a De la Sota y el oficialismo cordobés, Bustos Fierro recibió el respaldo de la mayoría de los legisladores con la excepción de Laura Vilches (FIT), quien se opuso, y la abstención del bloque del Frente Cívico y Social (FCyS), al que pertenece Fonseca.

Al respecto, la presidenta del bloque juecista Liliana Montero (FcyS) señaló: "no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación y desacuerdo con el momento arbitrario y especulativo elegido por el gobernador De la Sota" para postular a Bustos Fierro.

Montero consideró que la propuesta de De la Sota es para "condicionar la actividad del juez Ricardo Bustos Fierro" y "no puede estar desvinculado este pliego de la situación que esta viviendo el gobernador".

Asimismo, el legislador Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) afirmó que la designación de Pablo Bustos Fierro "forma parte del mismo ataque de pánico del gobernador De la Sota, tres días después de la denuncia de Fonseca sobre Córdoba Bursátil".

En tanto, desde el bloque delasotista aseguraron que sólo se trató de "cubrir una vacante" y que Pablo Bustos Fierro "cumple con los requisitos" para el cargo, razón por la cual recibió "un fuerte respaldo" durante la audiencia pública celebrada con anterioridad al tratamiento del pliego, por parte de la Legislatura.

Fuente: Télam

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