Dos poderosos empresarios de la comunicación –Daniel Hadad y Sergio Szpolski, propietarios de señales informativas– están asociados con los dos grupos que controlan el ochenta por ciento de un negocio realizado con fondos del Estado nacional.
En la provincia de Buenos Aires, esta actividad carece de regulación estatal. Por eso esta semana un grupo de legisladores bonaerenses presentará un pedido de informes reclamando al gobierno de Daniel Scioli que rinda cuentas sobre las empresas beneficiadas y los fondos que ya se destinaron para transformar al distrito en Sea Heaven, el pueblo de ficción construido para el reality The Truman Show monitoreado por miles de cámaras.
DE NACIÓN A MUNICIPIOS. A fines de marzo de 2009, el gobierno de Cristina Fernández destinó 400 millones de pesos extraordinarios del Plan Nacional de Protección Ciudadana para auxiliar a Scioli en la lucha contra el delito. Los fondos empezaron a llegar a mediados del año pasado a algunos municipios. La mitad de este dinero –unos 200 millones– fue previsto para instalar 5.000 cámaras dispuestas a controlar las principales arterias y los puntos más conflictivos. Según las dimensiones de cada partido, los intendentes se comprometieron a colocar entre 40 y 400 aparatos de video en la vía pública. De acuerdo a fuentes oficiales, hasta marzo de este año sólo habían sido instaladas 700 en todo el territorio bonaerense, menos del 15% de lo previsto.
Pero con cada partida también llegó la sugerencia de favorecer a determinada empresa en los procesos licitatorios para adjudicar la colocación de cámaras y el control satelital de los nuevos móviles asignados a cada jurisdicción.
Los tres grupos empresariales que se imponen en la mayor parte de las licitaciones son Global View, propiedad del ex montonero Mario Montoto, en sociedad con el dueño de C5N y Radio 10 Daniel Hadad; Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS), perteneciente a la multinacional Telefónica, en la que Sergio Szpolski participa como socio minoritario, y Ubik2, especializada en el control satelital, cuya titularidad figura a nombre de Rodrigo Campbell, un personaje muy cercano al gobierno nacional y con actividad declarada en comunas gobernadas por caudillos K.
Esta firma, que declara inicio de actividades en 2008 y es proveedora de las municipalidades de Ituzaingó, Florencio Varela, Ezeiza y el Partido de la Costa, se encarga de la instalación de los sistemas satelitales en los flamantes móviles de la Bonaerense. “Cada sistema de seguimiento colocado a un móvil policial se cotiza a unos 250 pesos mensuales, si planean sumar unos 2.000 patrulleros y que todos tendrán este GPS, estamos hablando de unas quinientas lucas por mes, algo así como seis palos anuales”, detalló una fuente ligada al negocio de la seguridad.
El hombre clave en estas negociaciones es Néstor Franco, actual funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense que antes de mudar sus oficinas a La Plata, manejó el área de seguridad en el municipio de Ezeiza, donde habían contratado a UbiK2. “No existe un registro oficial de proveedores de estos servicios, nosotros acercamos las especificaciones técnicas, aconsejamos qué tipo de software compatible es más apropiado licitar, pero son los intendentes los que van a buscar referencias en el mercado y optan por las firmas que trabajaron bien en otros lugares”, declaró Franco.
Los fondos del plan nacional se entregan por etapas, aunque varios jefes comunales, urgidos por la sensación de inseguridad promovida por algunos canales cuyos dueños tienen intereses en el negocio de las cámaras, decidieron acelerar los tiempos. Y contrataron a las compañías para que directamente instalen las cámaras en sus municipios. “Los valores de las cámaras arrancan en los 800 pesos y pueden llegar hasta los 12 mil dólares”, explicó Franco. “En cuanto a la sala de situación, con unas 20 cámaras y un sistema de transmisión de datos estándares anda en el orden de los 120 mil pesos”, completó el funcionario. El desembolso del capital y el control del centro de monitoreo estará a cargo de cada uno de los municipios.
Muchos intendentes buscaron asesoramiento en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), cuyos técnicos participaron en el diseño de los pliegos de licitación. Estos municipios contrataron los servicios de Global View que ya estaba asociada con la casa de altos estudios para el mantenimiento de los equipos de vigilancia en la ciudad de Buenos Aires. Allí Montoto tiene instaladas más de 200 cámaras a través de su firma Codesur, por las que cobra un canon anual de cuatro millones de pesos. Montoto constituyó Codesur en 2006 y, durante el gobierno de Jorge Telerman, se hizo cargo del mantenimiento de las cámaras de seguridad. Desde entonces, todos los años renueva su contrato y pasa a cobrar por ventanilla.
PEDIDO DE INFORMES. Esta semana, el presidente de la Comisión de Asuntos del Conurbano de la Cámara de Diputados bonaerense, Ramiro Tagliaferro, presentará un pedido de informes en el que reclamará al Poder Ejecutivo que informe sobre “la situación de las empresas proveedoras en materia de videovigilancia”. La iniciativa requiere al gobernador Scioli, que “especifique las empresas que actualmente prestan servicios en el sector público provincial y sector público municipal y detalle presupuesto destinado en 2010, especificando modalidad de contratación y empresa prestadora”.
Para Tagliaferro “es muy positivo que se sumen herramientas para incrementar los controles y la prevención social del delito”. Sin embargo el legislador destacó que “la provincia no dispone de registros actualizados públicos de las videocámaras adquiridas por cada municipio” y reclamó un mayor control por parte del Estado.
Fuente: criticadigital.com.ar
