"Hemos venido a esta comisión por el tratamiento de un proyecto de ley sobre la derogación de un artículo de la ley 4963, que es el marco regulatorio de agua potable, que prevé que la cobranza de las facturas impagas se haga vía cobro ejecutivo, siendo este aspecto que se propone sea derogado", confirmó el funcionario. Consignó que "el bloque del Frente Cívico y Social nos pidió que viniéramos para debatir el tema, analizar la cuestión con profundidad, y ver si este proyecto sirve para el fin que se está proponiendo".
Contó que la preocupación de los legisladores "está referida a algunos problemas por el inicio del cobro ejecutivo que lleva a cabo la empresa(Aguas del Valle), a algunos particulares y algunas instituciones sin fines de lucro, como el caso de los clubes. Nosotros, les explicamos cuál es la situación y la implicancia que tendría la aprobación, tal como está, de ese proyecto de ley. Hemos coincidido en que es factible mejorar la redacción del mismo, establecer una especie de reglamentación que tienda a mejorar la posibilidad de quienes tienen más dificultades para pagar, haciendo por alguna vía más flexible las posibilidades para afrontar estos compromisos".
Yadón, entiende que "tal como está previsto en este proyecto, de salir no sería beneficioso e iría en contra, fundamentalmente de la cultura de pago, que es algo que hay que implementar, más allá de que preste el servicio una empresa privada o el Estado. Es decir, que no serviría para solucionar los problemas retroactivos, o sea que son deudas que se mantienen en vigencia y cualquier ley que se sancione de ahora en adelante serviría únicamente para el futuro y no para solucionar el problema de quienes hoy ya tienen iniciado un juicio ejecutivo".
"En función de ello, es que se convino que se va a profundizar el estudio y nosotros vamos a estar a disposición. Nos han informado que seguramente se va a invitar a entidades de usuarios, tal vez a la empresa concesionaria, al ENRE y a todos los que trabajan en este tema, para tratar de mejorar el proyecto y avanzar en alguna modificación, pero que no sea una derogación, como estaba propuesto inicialmente".
Por su parte, el presidente de la aludida comisión, diputado Rubén Herrera(FCyS), señaló que Yadón y su equipo de colaboradores participaron "con el ánimo de conversar sobre los servicios públicos y en particular del servicio de agua potable, que en estos momentos está transitando por una coyuntura, hasta tanto se haga el nuevo llamado a licitación para la concesión de este servicio. En este sentido, fuimos informados por el ingeniero Yadón que se está elaborando y que en días más va a llegar un proyecto de ley que, entre otras cosas, va a modificar algunos puntos y aspectos de la ley 4963 y la ley del ENRE, para adecuar el marco legal del nuevo llamado a licitación".
"También –prosiguió-, estuvimos analizando la propuesta que realiza el diputado Rivera en relación con la ley 5167, puntualmente la que suspende por seis meses, y prorroga por seis más, la ejecución legal por parte de la empresa en lo que establece la ley 4963 en su artículo 38°. Las informaciones han sido muy amplias, muy variadas y oportunas por parte de los funcionarios del Ejecutivo sobre las distintas alternativas para mejorar esta propuesta".
Apuntó que "esto lo vamos a hacer en forma conjunta, porque el proyecto del diputado Rivera no sólo está en la comisión de Obras Públicas sino también en la de Legislación General". Al respecto, anticipó que "tenemos previstas reuniones con distintos sectores, entre ellas con las distintas agrupaciones de usuarios, escuchando las distintas posiciones y buscando un marco de consenso que permita avanzar en este sentido".
Al mencionar que "hay un abanico de posiciones y alternativas" sobre esta cuestión, consignó que el proyecto de Rivera "lisa y llanamente impulsa derogar el artículo 38° de la ley 4963, lo que concretamente hace desaparecer del marco legal de la provincia la posibilidad para que cualquiera que brinde servicio a futuro de agua no pueda accionar vía judicial el cobro de deudas de usuarios".
Indicó que "tenemos distintos argumentos que nos hacen entender que esto (el proyecto de ley), en definitiva, podría, eventualmente, con estas características, generar más perjuicios que beneficios, no tan solo en el marco legal y en las distintas acciones que pudiera desarrollar mañana quien preste este servicio, sino produciendo una inequidad y falta de solidaridad de usuarios contra usuarios. Tengamos en cuenta que si con este tipo de mecanismo se ven beneficiados quienes tienen posibilidades de pagar y no lo hacen, sean particulares o empresas, estaríamos fomentando la cultura del no pago".
"La búsqueda es concreta, llegar a un consenso que nos permita tener una norma que por lo menos fije principios básicos", finalizó.
Rivera, a su vez, consideró que "se torna imperioso instrumentar medidas y dejar sin efecto otras, con el objeto de evitar la coacción a la que están siendo objeto cientos de usuarios particulares, instituciones sociales y deportivas de nuestra comunidad, contra quienes se han iniciado centenares de causas de ejecuciones de deudas". Asimismo, sostuvo que "es necesario impedir que se aplique esta mecánica de ejecutar a instituciones y a particulares con mecanismos que están derogados".
