El objetivo del oficialismo es emitir dictamen ese mismo miércoles para llevar la discusión al recinto el próximo 11 de febrero y luego girarlo a la Cámara de Diputados.
En diálogo con Télam, Fuentes salió al cruce de las críticas de la oposición -que se reunirá este martes antes del plenario para definir si participa del debate- al calificarlas de "inconducentes" y rechazó el reclamo de que el sistema de escuchas telefónicas pedidas por la justicia pase a manos de la Corte Suprema de Justicia en lugar de a la Procuración General de la Nación como sostiene el proyecto.
El senador consideró que a la oposición "el árbol le tapa el bosque" por el "encono" que sienten hacia la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y "no se dan cuenta -acotó- que ese organismo es un segmento extrapoder, de imparcialidad, que da garantías y que independiza para dar esa imparcialidad".
Fuentes también cuestionó los pedidos para "prolongar el debate en el tiempo" y consideró que la oposición tiene el "irracional criterio" de que el gobierno nacional "debe gobernar los primeros dos años y después no hacer más nada".
"Esta reforma apunta a dar un nuevo marco jurídico, no hace falta estar seis meses discutiendo", opinó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, y fustigó a quienes sostienen que la iniciativa se presentó para "tapar" la muerte del fiscal federal Alberto Nisman.
También mencionó "la resistencia de sectores enquistados en el seno de Inteligencia, que han sido favorecidos por la inacción de las distintas fuerzas políticas y nos hacemos cargo, y que han estado abiertamente en contacto con servicios de Inteligencia extranjeros para oponerse al memorandum firmado con Irán".
Ese acuerdo suscripto entre Argentina e Irán fue pensado para "la cooperación judicial en torno a la declaración de los imputados iraníes", recordó Fuentes, y recordó que fue aprobado por el Congreso de la Nación.
"Es evidente que hay sectores e intereses que no quieren que esto se lleve a cabo", declaró, y expresó la necesidad de "democratizar la justicia" y contar "con un servicio de inteligencia independiente que tenga como objetivo la seguridad nacional y posea independencia de la influencia de otros sectores".
El texto de la propuesta girada al Senado el viernes pasado aclara que la reforma de la SI "no se trata sólo de un cambio de nombre", precisa que establece la transferencia de las escuchas judiciales al Ministerio Público y dispone que las máximas autoridades del organismo, director y subdirector general, sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
En el documento se indica, además, que "el cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional".
Según el proyecto, las actividades de inteligencia interior quedarán limitadas a "la investigación de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional y el sistema democrático".
En el capítulo dos, aclara que la AFI tendrá como misión general la dirección y coordinación del sistema nacional de inteligencia y la producción de inteligencia "en defensa de la Nación ante amenazas internacionales de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, ciberdelitos, económicos y financieros".
Entre los fundamentos, el Gobierno también hace hincapié en el hecho de que este proyecto "constituye un paso fundamental para la democracia dado que algunos sectores de los organismos de inteligencia se han considerado superiores o no alcanzados por la democracia".
Asimismo, según el texto, la AFI deberá quedar constituida en un plazo de 90 días y se determina que toda relación entre la AFI y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos sólo podrá ser ejercida por el Director o el Subdirector de la AFI.
Fuente: Télam
