"Desde las primeras horas de la mañana la labor de los encuestadores de OPSM, que trabajan para Radio Rivadavia de Buenos Aires, fue obstaculizada a través de diversos procedimientos que incluyeron amenazas de policías civiles y uniformados e incluso detención en comisarías", dijo a través de un comunicado.
Agregó que "los efectivos policiales dicen ejecutar instrucciones del juez electoral provincial Raúl Guillermo Cerda en el sentido de prohibir encuestas a la salida de los comicios".
Zuleta Puceiro señaló en el comunicado que "es la primera vez en 25 años de vida democrática que juez alguno, nacional o provincial, haya prohibido la realización de encuestas a las salidas de los comicios (encuestas en boca de urna o exit-polls)".
"La prohibición del Código Electoral Nacional, que algunas provincias también aplican, abarca únicamente la difusión de datos o proyecciones hasta dos horas después de los comicios. No existe ninguna legislación en el país ni en el derecho comparado que prohíba la realización de las encuestas. Podrá prohibirse su difusión publica, pero jamás su realización", añadió.
"El criterio del juez Cerda es coincidente, por otra parte, con el de punteros y fiscales del oficialista Frente Cívico, que desde muy temprano amenazaron y agredieron de palabra a encuestadores en diversos puntos de la provincia. Existen detenciones en las localidades de Santa Maria, La Merced, Recreo y San Isidro", agregó Zuleta Puceiro.
Sostuvo que "la decisión judicial carece de sustento normativo y contraviene el criterio unánime de la jurisprudencia nacional electoral".
"No existe delito ni contravención alguna que autorice a la política provincial a detener y mucho menos demorar a encuestadores y periodistas que ejercen una actividad totalmente lícita para medios nacionales de reconocida trayectoria. La tarea que efectúan es por otra parte una contribución efectiva a la transparencia del proceso electoral", remarcó.
Por último, señaló que "el proceder del juez catamarqueño refleja una inocultable intencionalidad política y fuerza a la policía de Catamarca a una situación reñida con claros principios constitucionales y legales, en perjuicio de la legitimidad del proceso electoral en su conjunto".
Fuente(telam)
