Será autoridad de aplicación de la ley, la Secretaría de Estado de Desarrollo Social, la cual tendrá por funciones organizar el Registro Provincial de Instituciones de Microcrédito y promover el desarrollo del microcrédito y fortalecer las instituciones que lo implementan, mediante la asignación de recursos no reembolsables, préstamos, avales, asistencia técnica y capacitación. Se invita a los municipios a adherir a la ley y a otorgar a las operaciones de microcréditos las exenciones de tasas y contribuciones municipales.
Andraca, en los fundamentos del proyecto de ley, afirma que los cambios producidos en las últimas tres décadas, especialmente impulsados durantes los años ’90, "modificaron sustancialmente la estructura social y productiva de nuestro país, que en otro momento de su historia supo caracterizarse por el pleno empleo. De esta manera, con el imperio de las finanzas por sobre el trabajo productivo, decenas de miles de argentinos fueron perdiendo sus derechos como trabajadores, lo que en el corto plazo concluía en la pérdida definitiva de empleo".
Señala que en este marco económico e histórico, y ante la exclusión del mercado de trabajo en los centros urbanos de nuestro país, surgió "una multiplicidad de pequeñas actividades manufactureras, comerciales y de servicios; en este heterogéneo mundo de actividades económicas o emprendimientos sociales también se encuentran comprendidas las pequeñas producciones agropecuarias".
Describe que los emprendedores sociales son personas o grupos de limitados recursos que, marginados por las condiciones socioeconómicas, fueron excluidos del mercado laboral y se vieron obligados a generar fuentes alternativas de autoempleo. Se caracterizan por el limitado acceso al crédito por falta de garantías, escasa formación técnica y de gestión empresarial, baja productividad en comparación con las grandes empresas, aislamiento de los emprendimientos entre sí y su desarticulación de los procesos de desarrollo local. "Todo esto, en parte, contribuye a que sea difícil para ellos competir en un mercado cada vez más agresivo", hace notar el legislador.
Historió seguidamente que, de la mano del surgimiento de los emprendedores sociales, desde principios de la década del ‘90 surgieron las instituciones de microfinanzas "las cuales se gestaron conjuntamente con ONG´s y programas gubernamentales que impulsaron un sistema de microcréditos con el objetivo de reinsertar al mercado de trabajo, mediante préstamos que posibilitarían la realización de actividades productivas de baja escala. Los períodos de devolución y garantías se fueron ajustando de acuerdo a las características del emprendimiento".
{adr}Al considerar que al microcrédito hay que ubicarlo también en el marco de la economía mundial, trajo a colación que el 2005 fue el Año Internacional del Microcrédito y especificó que "hay en el mundo unas 7.000 instituciones de microfinanzas que el año pasado tuvieron un auge importante y alcanzaron casi a 80 millones de personas en ese impacto. Son 58 países que con distintas particularidades están trabajando en esta línea".
Tras citar que en 1976 Muhammad Yunus, conocido mundialmente por la invención del sistema de microcréditos, "a pesar de la enorme resistencia y de los numerosos rechazos de las entidades bancarias de Bangladesh, consiguió fundar el Banco Grameen (banco rural), que en 1983 obtuvo la calidad de banco autónomo, ‘banco de pobres’ que ha beneficiado a tres millones y medio de personas", consignó que un estudio del Banco Mundial "demostró que el 55% de la gente que ha recibido el microcrédito ha salido del umbral de la pobreza y el restante 45% está en proceso de salir". En 1996, precisamente, la UNESCO concedió el Premio Simón Bolívar a Muhammad Yunus, y el 13 de octubre del 2006, junto con el Grameen Bank, recibió el Premio Nobel de la Paz 2006 por su lucha para lograr una economía justa para las clases más necesitadas.
Sostiene que el microcrédito ha demostrado ser "una herramienta valiosa de promoción social que tiene un recupero mayor al 90% y, desde un punto de vista operativo, la intención de la ley nacional es mantener tasas más bajas que las del sistema bancario tradicional, asegurando con el apoyo económico y técnico del Estado tanto la sustentabilidad de los emprendimientos sociales como de las instituciones dedicadas a las microfinanzas".
Con relación a nuestra provincia, dijo que las actividades de emprendimientos sociales "crece día a día con las ferias francas barriales, pequeños talleres, cooperativas de trabajadores, redes de ayuda mutua, ferias de artesanos, micro productores ganaderos, encadenamientos productivos. Todos llevan a cabo otra forma de hacer economía que genera comportamientos sociales y personales innovadores, tanto en la forma de producción como en los mecanismos de consumo y acumulación. Estas formas de producir y consumir responden a satisfacer necesidades biológicas (reproducción simple y ampliada de la vida) y de convivencias y participación".
Puso de relieve que con la adhesión a la ley 26117 "estaríamos dando una oportunidad de fortalecimiento y desarrollo a este sector de la economía que ha mostrado no sólo posibilidades de generar formas de autoempleo y subsistencia económica, sino que además incorpora en sus actividades económicas el soporte de una cultura solidaria y asociativa que resulta deseable como pauta de conducta futura para todo el pueblo de la provincia, mediante préstamos que posibilitarían la realización de actividades productivas de baja escala. La garantía es solidaria, porque precisamente está dirigido a personas que no pueden tener garantía patrimonial como lo exige la ley financiera".
"Quienes abogamos por la implementación de políticas sociales promotoras y superadoras de las prácticas asistenciales, coincidimos en que ésta es una alternativa valiosa y no desde un punto de vista meramente económico. En el texto que fundamenta la norma nacional se aclara que no se trata de finanzas, sino de economía social y comprende el desarrollo de capacidades asociativistas, solidarias y de concientización de valores, lo que hace al crecimiento de la persona", añadió.
Alcances de la ley 26117
En nuestro país, el 28 de junio del año pasado, fue sancionada la ley nacional 26117, que establece la promoción y regulación del microcrédito para el desarrollo de la economía social a fin de estimular el desarrollo integral de las personas, los grupos de limitados recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboren en el cumplimiento de las políticas sociales.
La norma dispone la creación del Programa de Promoción del Microcrédito, la aplicación de un fondo de unos 100 millones de pesos (asignados a través del ministerio de Desarrollo Social) y la puesta en marcha del primer Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito. Este capital inicial será recibido por las organizaciones sociales, que podrán otorgar a los microemprendedores créditos que no excedan la suma de doce sueldos mínimo vital y móvil. Los microcréditos, dispone la ley, quedarán exentos de los impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y al Valor Agregado.
La misma norma define al microcrédito como aquellos préstamos destinados a financiar la actividad de emprendimientos individuales o asociativos de la economía social, cuyo monto no exceda una suma equivalente a doce salarios mínimo, vital y móvil. Establece, también, que los destinatarios de los microcréditos son las personas físicas o grupos asociativos de bajos recursos, que se organicen en torno a la gestión del autoempleo, en un marco de economía social, que realicen actividades de producción de manufacturas, reinserción laboral de discapacitados o comercialización de bienes.
Por último considera como instituciones de microcrédito a las asociaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, comunidades indígenas, organizaciones gubernamentales y mixtas, que otorguen microcréditos, ofrezcan capacitación y asistencia técnica a los emprendimientos de la economía social.
