El Fondo se destinará a subsidiar la tasa de interés de préstamos para el financiamiento de las actividades productivas, de comercialización y de servicios.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, fija que el Fondo se constituirá, como mínimo, con el uno con cincuenta centésimo por mil de los recursos de libre disponibilidad, de origen nacional y provincial, que perciba anualmente la provincia, y por los recuperos.
Se excluye a las empresas concesionarias de servicios públicos y las beneficiarias de subsidios y regímenes especiales de promoción, sean estos nacionales o provinciales.
No podrán acceder al beneficio quienes registren deudas vencidas y exigibles con el estado provincial por créditos otorgados a través del ministerio de Producción y Desarrollo y por el Consejo Federal de Inversiones.
Los beneficiarios deberán acreditar, al momento de la liquidación del préstamo, mediante constancia extendida por la Administración General de Rentas, que tienen regularizada su situación con relación a los tributos que esta administra, como así respecto de las obligaciones por aportes y contribuciones con destino a los regímenes de seguridad social y de obra social. Además, se deberá acreditar la no inclusión en el registro creado por ley 5062.
El Poder Ejecutivo no podrá modificar el destino de los recursos, en tanto que el importe del subsidio, por beneficiario y por doce meses, no podrá superar el 1% del monto del crédito previsto en la ley de Presupuesto.
En ningún caso, el subsidio otorgado podrá ser superior al 50% de los intereses pactados para la operación financiera al vencimiento de cada obligación. Cabe acotar que esta ley derogará la norma legal, sancionada el 18 de noviembre de 1999 que regula esta materia, y toda otra que se le oponga.
