Tras el cuarto intermedio dispuesto durante el pasado miércoles para la 18º sesión de la Cámara de Diputados, los legisladores reiniciaron el debate con la aprobación de dos proyectos de ley. Uno de ellos, que fue presentado por la diputada Sara Yolanda Ludueña de Cadó(FCyS), proponiendo la creación del Consejo Profesional de Técnicos de Catamarca, que obtuvo sanción definitiva al contar con media sanción del Senado. El segundo, remitido por el Ejecutivo Provincial, propicia la creación de un Sistema Integrado de Control para Proyectos de Inversión Agropecuarios de Empresas Promovidas. Durante la sesión tuvo ingreso formal, entre otros proyectos, el presentado por el saadismo impulsando que se cite para el 11 del mes en curso al ministro de Producción y Desarrollo, Ernesto Alvarez Morales para que informe sobre los diferimientos impositivos y acerca del Fondo de Fomento Minero, iniciativa que fue girada a la comisión de Asuntos Constitucionales, Judiciales y de Juicio Político.
La apertura del plenario estuvo a cargo de la presidenta del bloque del Frente Cívico y Social, Sara Ludueña de Cadó resaltó la actitud del ministro de Hacienda y Finanzas, Jorge Greco, al asistir el pasado viernes a la reunión con los presidentes de bloques y de las comisiones, a quienes ofreció el preocupante cuadro de situación financiera de la provincia, a raíz del incumplimiento del gobierno nacional en el envío de los fondos coparticipables. "Ha sido más que fundado el pedido de cuarto intermedio, pues la respuesta de acciones conjuntas está ya comprometida de parte del ministro de Economía de la Nación (Roberto Lavagna), que anunció que se destrabarían fondos para las provincias que estaban haciendo sus reclamos", expresó la legisladora frentista.
Consejo Profesional de Técnicos
El proyecto que promueve la creación del Consejo Profesional de Técnicos de Catamarca, que recibió esta mañana la sanción definitiva de la Cámara de Diputados aceptándose las modificaciones incorporadas por los senadores, confiere carácter de persona pública no estatal al Centro de Técnicos de Catamarca, actual asociación civil con personería jurídica otorgada por decreto 3173 del 29 de diciembre de 1972, y que a partir de la entrada en vigencia de la ley se denominará Colegio Profesional de Técnicos en Arquitectura, Ingeniería, Maestros Mayores de Obras y Afines de Catamarca, rigiendo el ejercicio de la profesión en todo el ámbito de la provincia.
La sede del colegio estará ubicada en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, sin perjuicio de la instalación de delegaciones en cualquier otro lugar de la provincia, incluso en la misma ciudad capital.
La organización y funcionamiento de dicha entidad habrá de regirse por la ley y por los estatutos, reglamentos internos y Código de Etica Profesional que se dicten y por las resoluciones que las instancias orgánicas del colegio adopten en ejercicio de sus atribuciones y funciones.
La institución tendrá por funciones, entre otras, velar por el cumplimiento de las normas que regulen su funcionamiento, controlar la matrícula de los profesionales, dictar las normas adecuadas para el mejor desempeño del ejercicio profesional, entender en todo lo concerniente al ejercicio de la profesión debiendo realizar las denuncias que correspondieren y tomar intervención procesal pertinente en los casos de ejercicio ilegal de la profesión y colaborar con los poderes constitucionales del Estado, autoridades y organismos públicos nacionales, provinciales y municipales.
Sistema integrado de control
En este caso, el proyecto que tiene como iniciador al Poder Ejecutivo, recibió media sanción y fue girado al Senado para su correspondiente tratamiento. A través del mismo, se procura crear el sistema integrado de control para proyectos de inversión agropecuarios, el que funcionará en el área de la Secretaría de Inversión para el Desarrollo Agropecuario, dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo y se regirá por las disposiciones de la ley y las que en consecuencia dicte la referida Secretaría como autoridad de aplicación.
Las empresas beneficiarias del régimen de promoción de inversiones agropecuarias deberán presentar hasta el último día hábil administrativo del mes inmediato siguiente al vencimiento de cada semestre calendario, una declaración jurada que contendrá la información de estado y avance del proyecto agronómico, de las inversiones y su financiamiento.
El sistema será supervisado por un grupo de profesionales que actuará como unidad con dos áreas de trabajo, una agronómica compuesta por tres ingenieros agrónomos y otra contable formada por dos contadores públicos. Estos profesionales deberán pertenecer a la planta de personal permanente del Estado Provincial y, además de percibir su remuneración por categoría de revista, recibirán el adicional por incompatibilidad profesional.
La autoridad de aplicación habilitará un registro único de auditores externos y establecerá las condiciones necesarias para su inscripción, así como el reglamento interno de aplicación, instructivos, procedimientos, pautas de control y régimen de sanciones a los que se sujetarán los auditores y las auditorías agronómicas y contables.
Los auditores externos facturarán su servicio directamente a la empresa promovida titular del proyecto cuya declaración jurada auditen de acuerdo a la escala de honorarios profesionales que establezca la autoridad de aplicación.
Este proyecto, que fue aprobado por el voto de la mayoría, recibió como contrapartida las objeciones de la oposición, coincidiendo en que el mismo debía ser girado nuevamente a la comisión de Legislación General, para su revisión argumentando que previo a ello el ministro de Producción y Desarrollo, Ernesto Alvarez Morales debía informar sobre todas las cuestiones vinculadas a los diferimientos impositivos, para lo que utilizaron como argumento principal que los funcionarios responsables no habían hecho cumplir las normas y los controles correspondientes. Sin embargo, el oficialismo expuso como atenuante que más del ochenta por ciento de los proyectos de inversión se están ejecutando, alcanzando apenas al trece por ciento el porcentaje de los que están paralizados o abandonados y justificó el proyecto diciendo que el mismo es superador y ayudará a mejorar, perfeccionar y afianzar el sistema de control.
El debate también se había instalado antes del inicio del orden del día cuando el andalgalense Ciro Aguirre, enrolado en las huestes barrionuevistas, y la belicha Isabel Gutiérrez ponderaron la coincidencia de las poblaciones del oeste y pidieron la urgente sanción de la ley de distribución secundaria de las regalías mineras. Desde el bloque frentista, Juan Carlos Balverdi les contestó que sobre este tema la Cámara de Diputados ya se expidió y pasó al Senado "donde están los representantes de cada departamento y ahí está el debate, porque así como los senadores me imagino de Andalgalá, de Belén quieren una ley que favorezca más a su pueblo, que es lógico y razonable, hay otros senadores que no están en zonas mineras, pero que son representantes de departamentos tan catamarqueños como los demás, así que este tema no se va a destrabar ni con insultos, ni con amenazas, ni con agravios". (Prensa Diputados)
