"CATAMARCA..... ¿LA PEOR DE TODAS?"

Las reciente y fugaz visita del Presidente de la Nación, no solo fue propicia para las pruebas a tanques llenos en busca de la "pole positions" en la carrera de candidatos para ejercer su representación local, sino que también se deslizaron algunas cuestiones que realmente interesan y competen al conjunto de la población Catamarqueña, entre ellas la intervención de Kirchner en el diferendo que sostiene la Provincia con la AFIP-DGI por los diferimientos impositivos.

En el mensaje de bienvenida, el gobernador Eduardo Brizuela del Moral fue claro y simple; solicitó el reconocimiento de la autoridad de aplicación ejercida por la Provincia de Catamarca en los dos temas en conflicto: las reformulaciones de proyectos y la reasignación de cupos fiscales.

Sin embargo desde el ala fiscal nacional con alta influencia en algunos sectores locales se optó por prestar atención exclusivamente a la vía ya conocida de encadenar esta herramienta de desarrollo con la palabra corrupción y los paradigmas de la política neoliberal, dejando a su paso el manto de sospecha propio de una filosofÌa presuntiva y prejuiciosa que generaliza a partir de "ejemplos", al más puro estilo inductivo.

Tal esquema, especialmente, si luego es replicado en instancias operativas de control, obliga a explicitar los "ejemplos necesarios", para lo que en general se fuerzan hechos bajo supuestos de tiempo y espacio diferentes, (típica caza de brujas) oscurantismo sumamente peligroso en una tem·tica tan conflictiva como compleja, tanto en el eje "Nación - Provincia", como en el de "Empresa Promovida - Inversor - Autoridades de Control".

Lamentablemente no resulta positiva, ni mucho menos alentadora, esta metodologÌa de "pesquizas previas", pues no hace mas que renovar una vieja visión falaz de nuestra realidad, la que sin ser ideal, resulta diferente en aspectos tales como ejercicio legal de la autoridad de aplicación y cumplimiento de inversión genuina, a las de otras experiencias en materia de promoción fiscal, incluso de aquellas (polÌtica y econÛmicamente hablando) mucho m·s cercanas al gobierno nacional y varios de los actuales funcionarios de niveles intermedios que a?n subsisten de la ya la tan famosa como remanida "década anterior".

Así, cuando se habla del peso de la justicia, en un sentido integral, no solo deberÌa limitarse a la mención de las "empresas que no cumplieron" o las "provincias que presuntamente acompañaron", sino también a los responsables de resguardar el crèdito fiscal de los diferimientos impositivos realizados, esto es a la propia Nación (por sus acciones y omisiones) y las Agencias de AFIP-DGI correspondientes a los domicilios fiscales de los Inversores, ya que ellos y por sus actividades generadoras del impuesto diferido (no la Empresa Promovida) son quienes utilizaron efectivamente el beneficio y dichas agencias quienes se los han admitido.

La AFIP-DGI una vez notificada de la caducidad de beneficios a la promovida (comunicación del decreto de baja), por la Autoridad de Aplicación Provincial, vía Secretaría de Ingresos Públicos de la Nación, debería haber iniciado inmediatamente la ejecución fiscal al inversor por los diferimientos realizados como impuestos vencidos en mora, y (ella, NO la provincia), de corresponder según la calificación de su conducta, aplicar la Ley Penal Tributaria; de igual manera en los casos de concurso preventivo o quiebra del inversor corresponderÌa que haya verificado la totalidad de su crÈdito y procurado el cobro, ejecutando incluso las garantÌas que estaba obligada a requerir y mantener; al igual que por cambios de domicilios, desapariciones o fugas. De no haber actuado en tal sentido le cabe, en forma absoluta y exclusiva, la responsabilidad por la pÈrdida del crédito fiscal, resultando inadmisible su endoso o cargo a la provincia (sobre esta cuestión a quien le interese conocer un mayor grado detalle, no tendré ningún inconveniente en ampliarlo).

Debe quedar claro que quien usa el beneficio de diferimiento impositivo es el Inversor, su domicilio fiscal (salvo excepciones) no es Catamarca y el control es fiscal ejercido por la AFIP-DGI de su jurisdicción; por otra parte la ejecución del proyecto es responsabilidad de la Empresa Promovida, en Catamarca, y el control es de carácter contractual (técnico - económico) por parte de la Autoridad de Aplicación Provincial (sÛlo por defecto podrÌa actuar la AFIP, art. 138? Ley 11.683).

Nuevamente se confunde y equivoca la cuestión de fondo. Lo que Provincia reclama no es la aprobaciÛn de lo que hizo, sino el derecho a hacerlo; lo que se cuestiona no es si las empresas cumplieron o no cumplieron, sino quién debe decirlo , ameritar y actuar en consecuencia.

Se ejerció este control en nuestra provincia?

Sin dudas, Catamarca, ejerció la potestad que la ley le asigna a la Autoridad de AplicaciÛn, pero no solo por su obligación de sancionar a las empresas incumplidoras sino tambièn para defender y preservar sus propios derechos al recuperar a favor del desarrollo de la provincia el Cupo Fiscal otorgado por las Leyes Nacionales de Presupuesto desde los años 1984 a 1999. Justamente si no se hubieran detectado incumplimientos, iniciado sumarios y aplicado sanciones, hasta la m·xima como es el decaimiento de beneficios, hoy no estarÌamos ni hablando de m·s de doscientos millones de pesos en inversiones reasignadas en nuevos proyectos como hechos administrativos firmes y concluidos con sumarios y sanciones previas.

También ejerció la Provincia su potestad de autoridad de aplicación en otro tema muy diferente, como el de los ajustes y modificaciones de proyectos a la realidad económica, tecnológica, de mercado y cambiaria; tema sobre el que ya me extendÌ en anteriores notas, pero que no puede sino mÌnimamente relacionarse, a?n para el espÌritu m·s indolente, con el triste recuerdo de nuestra historia m·s reciente y en la que Catamarca, como el gran conjunto del pueblo argentino solo fue parte en su sufrimiento y consecuencias, de las que con responsabilidad hubo que hacerse cargo sin esquivar el bulto ni mirar hacia el costado, aunque en la retrospectiva, "ahora" aparezcan los que dicen haber tendida la acción precisa para ìentonces". Pero esa es otra historia.

Los buenos, regulares o malos "ejemplos necesarios" de proyectos no tienen nada que ver con las facultades de la Autoridad de Aplicación, cuestionadas y en juego en este momento, en todo caso ser· motivo de juzgamiento en el cumplimiento de los deberes de funcionario público que a su tiempo y por los canales legales pertinentes les corresponda a las personas que eventualmente las ejercieron desde 1984 y de quienes contin?an haciéndolo a la fecha, por la que de manera secuencial se fueron eligiendo y controlando esos proyectos.

Nuevamente, frente a otra instancia de diálogo Nación - Provincia, los catamarqueños abrimos un compás de espera y esperanza, confiando en que por fin nuestros gobernantes act?en en la inteligencia de un tiempo diferente, pensado tanto con el hemisferio de la emoción como el de la razón, y sin dejar de tener la memoria suficiente, vislumbren la historia "PARA" el futuro, dejando ya de una vez de justificar el futuro "POR" la historia.

Si no diferenciamos las cosas y no efectuamos el reclamo correcto, tan simple y contundente como las palabras del Sr. Gobernador al ilustre visitante, sin marcar los errores conceptuales de mensajes subliminales, aunque provengan de encumbradas autoridades nacionales; difícilmente, tengamos èxito, e incluso el propio pueblo catamarqueÒo caiga en la telara;a de la confusión y el prejuicio a la que algunos pretenden someter esta discusión; que, aunque su solución pase por un acuerdo Nación - Provincia y se la intente involucrar en tal disputa doméstica, NO ES POLITICA SINO TECNICA.

Raúl E. Macaroff
Contador Público Nacional
Universidad Nacional de Catamarca
Pos grado Estrategia y Adm. Agrop. (Univ. de Belgrano)
Especialista en RegÌmenes de Promoción y Desarrollo Económico.
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