Al respecto, representantes de las empresas olivícolas, del gremio y de varias áreas del gobierno, coincidieron en lo positivo del encuentro. Estuvieron presentes representantes de ASOLCAT, Federación Olivícola Argentina, UATRE, RENATRE, y por el sector público oficial, de Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia, el Ministerio de Gobierno (Asuntos Municipales), Inspección Laboral y la subsecretaría de Promoción de la Inversión. No obstante, se insistió en que sería propicia la participación de los municipios involucrados en la actividad olivícola y del ministerio de Salud.
“Lamentablemente no han venido algunos intendentes invitados como el de Huillapima, que está directamente involucrada con este tema”, dispararon en la reunión. Una cuestión que se debatió es el estado real de situación de los trabajadores, y las condiciones en que éstos desempeñan su labor en los campos de olivo. Al respecto, “se han planteado todas las inquietudes, y se ha pedido al gremio (UATRE) que a nivel nacional sostenga una política pareja para todas las provincias, porque vemos que Catamarca tiene una política muy dura en cuanto a la normativa laboral, lo cual me parece bien, pero no nos parece bien que con provincias vecinas como La Rioja no sea igual el trato y las exigencias que se está haciendo al sector. Un pedido de todos fue que se aplique una política igual a todas las provincias y no a unas más que a otras”, indicó Fabiola Garrot, a cuya área compete la fiscalización de los emprendimientos olivícolas promovidos radicados en la provincia.
Por otra parte, desde los distintos sectores se pidió al Ministerio de Gobierno que interceda ante los intendentes para evitar casos como los denunciados en la prensa, por las que “se alquilan casas que están en malas condiciones de ser habitadas, que representen un peligro o donde la gente esté hacinada.
Por su parte, también hubo un mea culpa de parte de los empresarios, aunque todos reconocen que no puede “meterse a todos en la misma bolsa”, considerando que hay empresas que hacen sus inversiones para albergar en condiciones dignas a los cosecheros, y otras que no lo hacen”.
“A las empresas se les pidió que cumplan con sus obligaciones, no tanto legal sino más bien moral para con los trabajadores, y cada uno con sus obligaciones para discutir en la próxima reunión del 12 de abril”, aseguró Garrot, quien representó al Ministerio de Producción.
Buenos y malos ejemplos
Respecto de la exposición mediática que el tema tuvo en los medios últimamente, la subsecretaria opinó que “nos gustaría que no sólo se muestren los malos ejemplos sino también los buenos ejemplos, porque creemos que Catamarca no es la peor provincia, ni nada parecido. Por ejemplo, en Pomán se están haciendo albergues modelos para 500 cosecheros; y eso debería mostrarse también, aunque no deslindó responsabilidades respecto de las empresas que están mal. “Debemos actuar con toda la fuerza de la ley como corresponde”, advirtió.
