La medida habilita el aborto libre hasta la semana 14 de gestación, con un período de reflexión de tres días antes de la intervención. A partir de ahí y hasta la semana 22, se podrá interrumpir el embarazo sólo cuando la vida de la madre corra riesgo grave. Tras ese plazo se permitirán los abortos por malformaciones graves del feto, supuesto que deberá ser examinado por un comité médico creado para tal fin.
El artículo más polémico es el que permite a menores de 16 y 17 años decidir sobre el futuro de su bebé, siempre que informen al menos a uno de sus padres o tutores y asista con él a realizarse la intervención. No obstante, si un psicólogo, psiquiatra o trabajador social comprueba que en la casa de la adolescente existe un "conflicto grave", no será necesaria la participación del adulto responsable.
A pesar que esta nueva ley entró hoy en vigencia, el Tribunal Constitucional admitió la semana pasada un recurso presentado por el Partido Popular (PP) y analiza la posibilidad de paralizar la aplicación. Entre los puntos que más critica el PP se encuentra el de la educación sexual, patrimonio, para él, exclusivo de los padres.
De acuerdo a los expertos, esta normativa ayudará a frenar el número de abortos en España, que entre 2007 y 2008 creció un 3,2%. Javier Martínez Salmeán, jefe de Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) y uno de los expertos que participó en la elaboración de la ley, opinó que "la información sobre el aborto y los anticonceptivos, así como la venta sin receta de la píldora del día siguiente, conseguirán que bajen los embarazos no deseados ".
En tanto, para Isabel Serrano, presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal, una caída en este tipo de intervenciones sólo se observará a largo plazo. "Para hacerlo necesita el apoyo de otras medidas como la financiación de métodos anticonceptivos y su mayor disponibilidad o la facilitación gratuita de la píldora del día siguiente" , sostuvo.
