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CyTA - Instituto Leloir. Por Bruno Geller

La desertificación en Argentina

(CyTA - Instituto Leloir. Por Bruno Geller) - En la Argentina, el octavo país más extenso del mundo, las zonas áridas, semiáridas, y subhúmedas secas representan el 75 por ciento de la superficie total, donde se asienta el 30 por ciento de la población. Las regiones de la Puna, el Chaco, los Valles Áridos, el Centro Oeste y Patagónica, el proceso de desertificación está avanzando de manera preocupante, según datos que figuran en el portal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.

“Las provincias más comprometidas por el proceso de desertificación, y en las cuales se deberían priorizar las medidas de atenuación y/o control, son en orden prioritario: Santa Cruz, Neuquén, Chubut y Río Negro”, coinciden Héctor F. del Valle y Fernando R. Coronato, investigadores del Centro Nacional Patagónico (Cenpat-CONICET), un centro que realiza estudios e investigaciones dirigidas a la caracterización de los ambientes físicos y biológicos a fin de evaluar los recursos naturales de la Patagonia.

Por su parte, el Ingeniero Agrómomo Octavio Pérez Pardo, director de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, señala que “según datos aproximados y estimativos se reconoce un avance de la desertificación en el país de hasta 650.000 hectáreas por año conforme datos aportados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria”. Este es dato importante si se tiene en cuenta que la superficie continental del país es de 280 millones de hectáreas.

Del Valle y Coronato sostienen que aunque la organización del espacio y la estructuración del mercado en la Argentina están muy relacionadas con la desertificación, es un tema geopolítico y tan vasto que escapa a las posibilidades de un tratamiento meramente técnico. En referencia a la desertificación en el interior patagónico, sostienen que las medidas que se tomen para detener su avance “redundarán en favor de la retención de la población en su tierra y en su cultura”.

Pérez Pardo destaca que “la desertificación y la sequía afectan el desarrollo sostenible por la relación que guardan con importantes problemas sociales, tales como la pobreza, la seguridad alimentaria y los problemas derivados de la migración. En las zonas áridas y semiáridas del país los ingresos per cápita son inferiores a la media nacional y el porcentaje de hogares rurales con Necesidades Básicas Insatisfechas supera el 40 por ciento”.

En 1996, se aprobó la Convención de las Naciones Unidas de Lucha sobre Desertificación, a la que adhirieron más de 180 países -actualmente son 191-, entre ellos la Argentina, con el reconocimiento de que se trataba de un "gravísimo problema socio-económico y ambiental".

Esta Convención se fijó como objetivo principal promover acciones efectivas orientadas al mejoramiento de la productividad del suelo, su rehabilitación y la conservación y ordenación de los recursos hídricos y de las tierras, por medio de programas locales y la cooperación internacional, con la participación popular y la creación de condiciones que ayuden a la población local a evitar la degradación de los suelos.

En la Argentina, la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, implementa en la actualidad el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN). El ingeniero agrómomo Octavio Pérez Pardo, Director del mencionado organismo, explica que el Programa “consiste en luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía, a fin de contribuir al logro del desarrollo sostenible de las zonas afectadas, todo ello con miras a mejorar las condiciones de vida de la población”.

El PAN incluye tareas de investigación, seguimiento, alerta temprana de sequías, educación, concientización y articulación de políticas con los Estados provinciales para implementar un manejo responsable de los los recursos naturales. El plan propone un fortalecimiento del marco institucional, jurídico y económico-financiero para afianzar acciones orientadas a combatir la desertificación y la sequía. Dado que el proceso de desertificación es un fenómeno que afecta a vastos territorios del planeta, además de los Programas de Acción Provinciales, Interprovinciales y Regionales, otro punto estratégico es la inserción del PAN en el Marco Internacional.

“En la Patagonia, la amplitud del problema es de tal magnitud que ha comenzado a adquirir estado público. Pocos ignoran el tema, pero pocos tienen la posibilidad de actuar de alguna forma o con el conocimiento para hacerlo” señalan Del Valle y Coronato, y agregan: “Organismos nacionales han estructurado planes de lucha y concientización cuyos frutos empiezan a verse. Convenios internacionales también empiezan a brindar un marco de interacción a nivel técnico. Algunos productores demandan asesoramiento técnico y actúan en consecuencia”.

Sin embargo, Del Valle y Coronato consideran que “estos progresos son aún totalmente insuficientes. El problema de la desertificación en el caso de la Patagonia supera a los planes que se han elaborado para combatirlo. Es por eso que no deben ahorrarse esfuerzos, ni limitar la imaginación de soluciones alternativas”.

Del Valle y Coronato sostienen que el problema de la desertificación tiene múltiples facetas, políticas, sociales y técnicas y consideran que abordar el tema desde la óptica científico-tecnológica no debe hacer perder de vista el objetivo primordial, que es el bienestar del ser humano en un medio de desarrollo sustentable. Según ellos, dado que se trata de un tema esencialmente interdisciplinario, “la lucha contra la desertificación debe apoyarse en una sólida trama de relaciones inter-institucionales a todo nivel”.

“Si la geografía es la manifestación de la sociedad en el espacio físico, un espacio físico deteriorado refleja una sociedad deteriorada” afirman del Valle y Coronato, y con respecto al proceso de desertificación indican que “los esfuerzos deben estar orientados a consagrar los recursos humanos y materiales, energía y tiempo para encontrar soluciones duraderas.”

“El problema de la desertificación escapa del nivel técnico y pasa a ser político. Es en todo caso, un problema social. Controlar y combatir la desertificación es, más que un desafío técnico, un desafío social” concluyen Del Valle y Coronato

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