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Viernes 29 de Marzo de 2024
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Trabajo decente con alcance Mercosur

Más de 30 costureros que trabajan en una empresa de un país vecino para un proveedor del Ministerio de Defensa argentino, fueron "blanqueados" y registrados por sus empleadores, que de otro modo no habrían podido presentarse más a licitaciones. Este es uno entre varios cambios concretos producidos por el acuerdo de dicho Ministerio con el Programa INTI de Compromiso Social Compartido (CSC) para Empresas de Indumentaria.
A partir de la firma del acuerdo del INTI con el Ministerio de Defensa de la Nación para evaluar a los proveedores que participan en licitaciones de indumentaria destinada a sus dependencias, aparecieron los primeros ejemplos de cambio traccionado por conductas de consumo responsable.

Las exigencias del Programa para la cadena de producción (trabajo registrado, ausencia de trabajo infantil, ausencia de trabajo forzado y adecuadas condiciones de seguridad e higiene) alcanzaron por igual a fabricantes, intermediarios e importadores.

Los primeros aceptaron estos requisitos como una oportunidad para competir en igualdad de condiciones, los segundos debieron modificar sus prácticas de selección de talleres en función del precio y tuvieron que comprometerse en la mejora de las condiciones de los talleres que contrataban (registración de trabajadores, mejora en condiciones de seguridad) o recurrir a empresas formalizadas. Esto les hizo perder competitividad frente a los fabricantes y permitió distribuir mejor el precio pagado por el Ministerio en la cadena de producción, favoreciendo a los eslabones más débiles.

Los importadores fueron los que encontraron mayores limitaciones por esta medida ya que tienen muchas dificultades para demostrar la trazabilidad social de sus prendas exhibiendo el lugar y las condiciones de producción, y deben afrontar los costos de la evaluación de sus talleres situados en el exterior por parte de técnicos de INTI. Cabe aclarar que los productos de indumentaria estratégicos para los que no existen fabricantes en la Argentina no han sido incluidos en el acuerdo con el Ministerio, al menos en esta fase inicial de implementación, para prevenir el desabastecimiento.

Fue así que entre los numerosos intermediarios que ofrecían productos importados al Ministerio de Defensa, compitiendo con la producción nacional, sólo formalizaron la solicitud de ingreso al Programa dos de ellos. En ambos casos se verificaba una larga cadena de intermediarios: proveedor/representante local; empresa del exterior; taller de corte/confección. Uno confeccionaba en Oriente y el otro en un país vecino del Mercosur.

{adr}Por otra parte, cuando se evaluaron las condiciones laborales de este último se detectaron que mas de 30 costureros estaban “en negro”, lo que produjo la suspensión del proveedor por incumplimiento de los requisitos, revocando su Constancia de Adhesión al Programa por un tiempo determinado, y forzó la registración de todos los costureros según la ley vigente en el país vecino. Este proceso se efectuó de manera inmediata, ya que INTI cuenta con Representantes Tecnológicos en el Exterior, lo que permitió agilizar la evaluación in situ.

Si bien es válida la idea de que la importación logra precios más económicos y amplía el número de proveedores promoviendo una mayor competencia, el requerimiento de cumplimentar el Programa INTI de Compromiso Social Compartido equilibra la competitividad de los proveedores nacionales e internacionales considerando un costo de Mano de Obra en condiciones de trabajo digno, sumado a las desventajas de una larga cadena de intermediarios y los beneficios de la Ley de Compre Nacional.
El rol de compra del Estado puede ser un eficaz motor para velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos elementales de los traba- jadores, no sólo de nuestro paí­s.

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