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CASINO FLOTANTE

La Fiscal se opone a que archiven la investigación sobre contrabando

La fiscal María Rivas Diez le pidió a la Cámara en lo Penal Económico que impida el cierre de la investigación por supuesto contrabando y evasión fiscal en el funcionamiento de un casino flotante en un buque anclado en el puerto de Buenos Aires.
Buenos Aires, 27 de junio (Télam).- La fiscal María Rivas Diez le pidió a la Cámara en lo Penal Económico que impida el cierre de la investigación por supuesto contrabando y evasión fiscal en el funcionamiento de un casino flotante en un buque anclado en el puerto de Buenos Aires.

Fuentes tribunalicias indicaron que si el recurso de la fiscal es rechazado en segunda instancia, la causa será archivada, porque la Dirección General de Aduanas, que actúa como querellante en el sumario, desistió de apelar el sobreseimiento dictado por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.

Rivas Diez sostuvo que el buque "Estrella de la Fortuna", en el que funcionan distintas salas de juegos, ingresó al país bajo el régimen de "importación temporaria" cuando debió hacerlo, de acuerdo a la realidad, como "definitiva", sin las exenciones arancelarias que benefician a la primera.

La fiscal pidió también que se profundice la pesquisa porque la sociedad que aparece como locataria de la embarcación habría sido creada por miembros de la firma CIRSA (supuestamente la interesada en funcionamiento del casino) para que el contrato figurara a nombre de otra empresa.

Para disponer el sobreseimiento, Aguinsky consideró que se trataba de personas "distintas", pero Rivas Diez pretende que se determine si existe vinculación entre los integrantes de CIRSA y "Casino de Buenos Aires", la firma que explota los juegos.

La fiscal calificó de "prematuro" el cierre de la investigación porque está pendiente la contestación de un pedido de informes cursado por vía diplomática a autoridades de Estados Unidos.

Rivas Diez quiere insistir con ese exhorto porque la respuesta permitiría determinar a nombre de quién se hizo la exportación del barco, el valor declarado del mismo y su año de fabricación, que se presume fue hace casi una década, a pesar que cuando se tramitó su ingreso a la Argentina figuró como "nuevo".
La Aduana, que impulsó el sumario hasta el dictado del sobreseimiento, había permitido la importación temporaria, en 1999, por el plazo de 180 días, pero luego cambió el criterio cuando interpretó el decreto 343/97 en coincidencia con la Secretaría de Industria.

El decreto (al que se suma una resolución interna de la Aduana durante la gestión de Gustavo Parino) flexibiliza el ingreso de embarcaciones para propiciar la actividad comercial naviera, pero a criterio de la fiscal, al desincriminar el funcionamiento del "casino flotante" se habría violado el "espíritu" de la norma. (Télam)

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