El biólogo y genetista enfatizó que "lo importante es que la ley está; esperemos que se reglamente lo antes posible y se ponga en vigencia, para lo cual los laboratorios van a tener que trabajar bajo pautas de calidad certificada, porque tenemos que tener total confianza para no incriminar falsamente a una persona".
Corach contó que la creación de una base de datos nacional "es una idea muy vieja, y una demanda muy larga desde 1994, e incluso hay leyes provinciales que contemplan el Registro a través de datos personales y perfiles genéticos, pero lamentablemente hasta ahora no ha habido ley nacional que permita que los bancos regionales pudieran comparar resultados".
"Banco de datos de agresores sexuales hay prácticamente en toda Latinoamérica, y Argentina venía atrasada habiendo sido el primer país en tener identificación genética", observó.
Mientras tanto, "el requisito que se logró fue tener equipados los laboratorios, y este enorme esfuerzo y gasto fue para crear la Red Federal Forense".
El procedimiento "no es técnicamente novedoso: empezamos en 1992 cuando el atentado contra la Embajada de Israel y actuamos en desastres en masa como los siniestros aéreos de Lapa y Sol, la AMIA y otros, y es una herramienta también en causas criminales como violaciones, a pedido de los jueces para rescatar material potencialmente incriminante".
Corach planteó que "se ve que la mayoría de los que violan, violaron previamente": la reincidencia es dramáticamente mayor que en cualquier otro delito.
La marcada tasa de reincidencia aparece entonces como basamento de la idea de establecer un registro sostenido del delito.
"Los violadores responden a parámetros psicológicos bastante estereotipados, son compulsivos hacia la víctima; encuadran dentro de patologías complejas porque no se trata sólo del acto sexual sino de la sumisión de la víctima, pero no corresponde a mi campo opinar sino al de la psicología", comentó.
"Cuando a pedido de un juzgado ante situaciones de agresión sexual se genera una posible vinculación que va a permitir a un magistrado emitir una condena, recién sería incorporada la información por 100 años, por la alta tasa de reincidencia".
En sus 21 años de existencia, el Servicio de Huellas Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA es prestador exclusivo de la Corte Suprema de Justicia desde 2010 y de los poderes judiciales de la Nación y de numerosas provincias.
El Servicio recibe una demanda de 800 causas judiciales por año en casos variados, como homicidios e identificación de restos, pero "la mitad son por causas sexuales", informó Corach.
La rutina de un procedimiento en un laboratorio genético suele comenzar con análisis de evidencias como la entrepierna de una bombacha o un hisopado vaginal, enviados desde la justicia.
"Estas evidencias permiten obtener información genética aportada por el victimario y la víctima, pudiendo ser el aportante mayoritario la agredida y el minoritario el agresor, debido a la abundancia de las células de descamación del epitelio de donde se toma la muestra (vaginal, rectal o bucal)", indicó Corach.
"Estos análisis generan perfiles genéticos complejos: un hisopado que contiene material genético de más de una persona, con un aportante masculino que se evidencia por marcadores presentes en el cromosoma ´Y´, además del aportado por la víctima (femenino el más frecuente, o masculino si el agredido es un varón)", contó.
Si se halla material genético, "se pide una muestra de referencia que aporta el sospechoso, cuya identidad podemos o no conocer porque muchos casos son muestras ´a ciego´, codificadas, lo que es correcto para la independencia de la investigación", dijo Corach.
La instancia judicial que pidió el estudio "recibe un informe y nos manda muestras indubitadas de víctima y sospechoso, que se compara con los perfiles de los posibles aportantes: cuando completamos el análisis, establecemos una probabilidad (índice de verosimilitud) que vincula al sospechoso y la evidencia de la información genética aportada por la víctima, e informamos al juez, que cuenta con otros elementos de juicio", precisó.
Corach afirmó que "la mayoría de los laboratorios está a cargo de gente ya entrenada y trabaja con métodos, kits y equipamientos estandarizados, por lo que los resultados son comparables".
"Cuando se acredite la eficiencia de los laboratorios, que la Ley asigna como responsabilidad al Ministerio de Ciencia y Tecnología, podrán incorporar la información genética a una base de datos".
Desde el primer centro regional para genética, en Bariloche, la disponibilidad de laboratorios se amplió a Jujuy, Salta, Mendoza, Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Santa Cruz, Comodoro Rivadavia, La Plata y Junín, a los que se sumará "el área forense regionalizada que promueve el Ministerio de Ciencia y Tecnología".
Fuente: Télam
