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Pobladores rurales defienden sus tierras

El 12 de diciembre de 2003, en una escribanía de Buenos Aires, se transfirió el dominio de 116.400 hectáreas de la zona sur del departamento La Paz por 407.050 dólares a Peter Lee Mc Bride, representante de la empresa estadounidense "Los Poquiteros S.A.".
Desde el punto de vista territorial, la adquisición incluye el 36% del Dpto. La Paz, que a su vez constituye el cuarto departamento en importancia de la Provincia de Catamarca en cuanto superficie.1
La propiedad en las tierras de la zona tiene origen en las transmisiones  sucesivas de herencia a partir de  “Mercedes Reales de Tierras”, que dieron lugar a dos formas de tenencia: la privada, con superficie y linderos aproximados, y la común o “Campo Comunero” donde hay propietarios con derechos y acciones sobre el campo o poseedores desde tiempos históricos.
En la compra señalada, se incluye el campo de pastoreo de 9 comunidades, habitadas por aproximadamente 800 pobladores, la mayoría pequeños productores cabriteros: El Quimilo, El Clérigo, Pozo Verde, El Chaguaral, San Vicente, San Isidro, Palo Santo, Casa de Piedra y San Salvador. Además se ven afectados indirectamente otros 6 parajes (San Agustín, San Lorenzo, Santa Elena, Pozo Escondido, San José y Los Chañares Largos) por poseer su campo abierto y receptar el ganado que podría ser excluido del campo de los parajes y localidades afectadas directamente.  
En toda la zona la producción principal es la ganadería bovina, con 6095 cabezas y caprina y ovina, con 13990 cabezas, desarrolladas en ambientes con muy baja receptividad ganadera.
Esta producción se realiza en grandes superficies de explotación en común entre los miembros de los parajes, no existiendo división de la misma en predios productivos para cada unidad económica familiar debido a que dicha actividad productiva se realiza bajo un sistema de pastoreo rotativo muy particular, que ha permitido la producción ganadera continua desde hace más de 100 años, de conformidad a la particular técnica generada a partir de las características ambientales de la zona, de los ancestrales usos y costumbres de sus habitantes y de los acuerdos entre los productores respecto a la utilización de los espacios y recursos productivos, que se trasmiten de generación en generación.  
Este sistema productivo familiar se tornarían inviable ante las pretensiones de localizar una gran empresa agroganadera; prácticamente las ocupaciones familiares quedarían reducidas a sus viviendas, sin posibilidad de contar con campo para el pastoreo de sus animales. 
Se pasaría de una situación de 75 familias viviendo y produciendo, a escasos puestos de trabajo; y de ingresos brutos, monetarios y no monetarios, repartidos entre los habitantes, a ganancias concentradas en 1 persona jurídica.
La venta tomó estado público el 17 de junio de 2004, y una semana después los pobladores, la mayoría de ellos titulares de buena fe, con posesión actual e histórica, solicitaron la atención y el apoyo al vicegobernador y presidente de la Cámara de Senadores de la Provincia, Hernán Colombo, quien en una reunión realizada en el lugar tomó conocimiento que de las 9 localidades o parajes afectados, 7 decidieron efectuar oposición a las pretensiones de ocupación de la empresa, por lo que se viabilizaron los medios para que los pobladores contaran con la asistencia legal a los fines de reclamar sus derechos a través de la Justicia, a fin de defender la posesión de las tierras que habitan desde hace años.
Los pobladores, en carácter de poseedores con ánimos de dueños de los Parajes El Quimilo, San Isidro, El Chaguaral, San Vicente, El Clérigo, Pozo Verde y Palo Santo, interpusieron interdictos de retener la posesión contra la empresa Los Poquiteros S.A. que en este momento perturba su posesión. Todas las acciones se tramitan ante el Juzgado Federal de Catamarca debido a la incompetencia declarada por el Juez de la Sexta Circunscripción de Recreo (capital del Dpto. La Paz), excepto la iniciada por el Chaguaral y San Vicente, que se gestiona ante los tribunales ordinarios de San Fdo. del Valle de Catamarca.  
La Cámara de Senadores aprobó en julio de 2006 por unanimidad la media sanción de un proyecto de ley que determina la expropiación a favor de los pobladores. Un año antes, dicha cámara había realizado una sesión especial en la zona del litigio, para tomar conocimiento directo de la situación.  
En agosto de 2006,  llegó a Catamarca el segundo secretario de la Embajada de EE UU, Michael Kostick, ex miembro de los servicios de inteligencia de su país,  quien solicitó reuniones con ambas cámaras legislativas y manifestó que “esperamos que el proyecto de ley no prospere” además de defender a los inversores norteamericanos.
Si bien el Ejecutivo Provincial y la Cámara de Diputados hicieron prosperar expropiaciones urbanas con  fundamentos similares a los presentados por los Senadores en relación a la zona en cuestión, hasta el momento el proyecto de ley  aprobado en la Cámara alta, y remitido a Diputados, no ha sido tratado.
En el orden nacional, los pobladores  realizaron gestiones ante la Subsecretaría Tierras para el Desarrollo del Hábitat y la Secretaría de Desarrollo Social e hicieron público su conflicto en medios nacionales (Canal 7, Canal 9, etc.) y locales.
A tres años de continuidad del litigio, las causas se encuentran en pleno trámite,  los productores se mantienen en la zona, han crecido en organización y conciencia de derechos y siguen realizando inversiones con el apoyo permanente de la Vicegobernación, la Cámara de Senadores, el Programa Social Agropecuario y los aportes de la Universidad Nacional de Córdoba, Federación Agraria, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Catamarca,  la Iglesia católica y  ong’s, con la convicción que son los verdaderos dueños de la tierra, tal cual lo expusieron personalmente y a través de un video testimonial en el marco del Primer Congreso Regional de Políticas Públicas realizado en octubre de 2006 en Catamarca y desarrollado en la Universidad Local.
Por su parte, la empresa “Los Poquiteros”  continúa con la turbación y usurpación a las propiedades de los pobladores poseedores, mediante acciones de deslinde y amojonamiento, amenazas de expulsión en medios de comunicación y en forma directa, amenazas ilegales por autoridades policiales, denuncias por usurpación y medidas judiciales reivindicando derechos perdidos (reivindicación de la posesión) contra estos pobladores históricos.  


Documento de Mesa de Tierras

San Fernando del Valle de Catamarca,  24 de abril de 2006

Desde el año pasado somos  testigos -y nos preocupa y duele profundamente la apropiación de la empresa Los Poquiteros S.A. sobre unas 116.300 has. pertenecientes a pequeños productores de los departamentos La Paz y Capayán.
La precariedad documental; la dinámica del mercado de tierras; el oportunismo de sectores y personas con poder económico, configuraron y configuran un escenario propicio para que se efectivice tanto en la provincia como en otras del país, la venta y compra de tierras, pagando valores irrisorios.
Para el caso que nos ocupa, Los Poquiteros han comprado sus tierras a un precio ridículo (unos doce pesos la hectárea); o sea el equivalente al valor de un par de alpargatas.
Los Poquiteros han iniciado ya acciones mediante la apertura de picadas en el medio de las propiedades de las familias, reduciendo el uso y aprovechamiento de sus recursos, lo cual conllevó y conlleva a la expulsión de los pobladores. Arrogándose mentirosamente tener permiso de la justicia a partir de las expresiones de policías que acompañan inexplicablemente su accionar, y amenazando a los pobladores con actitud intimidatoria, ingresan  violentamente con topadoras rompiendo corrales.
Estos atropellos motivaron la reacción pacífica de las familias, quienes impidiendo el trabajo de las máquinas  -pese a la violencia ejercida- acuden a las autoridades policiales para presentar sus denuncias contra la empresa; pero no siempre encuentran a éstas dispuestas a recibirlos.

Hecha esta  breve reseña, queremos afirmar:  

Que en la Costa de las Salinas Grandes existen numerosas comunidades conformadas por familias de pequeños criadores de ganado, que viven y producen  desde hace más de un siglo en ese lugar.
Que estos campos con zonas de explotación comunes, con diversas inversiones realizadas por las familias, son utilizados en forma pública y pacífica. Dichas familias sin títulos o escrituras, viven de lo que producen y no mendigan ayuda del Estado.
Que pese a tanto olvido y postergación, este puñado de familias continuaron aportando riqueza a toda la región, mediante la venta de sus terneros y cabritos y la compra de mercaderías en la zona. Que el haber aprendido a sostener con sabiduría  la producción en la fragilidad de este ambiente; significa también que han cuidado, cuidan  y preservan para todos nosotros una naturaleza única en la provincia por sus características ecológicas.
Que en la actualidad este ecosistema se ve amenazado por el avance de la empresa Los Poquiteros, quien con su “plan de desarrollo” traería aparejado la virtual desaparición de fauna y vegetación sumamente valiosos para este ecosistema único en su tipo.
En este contexto, la empresa Los Poquiteros no sólo atropella y avanza; sino que intenta seducir a los pobladores del lugar y localidades vecinas, ofreciendo títulos de propiedad de lotes para viviendas,  puestos de trabajo, e insiste en sus “buenas intenciones” a través de medios diversos de comunicación.
Hay quienes sostienen que la radicación de una gran empresa va a traer “desarrollo a una zona postergada”. Esto es expresado además de los representantes de la empresa, por un legislador y ediles locales. Dicho mensaje materializa claramente un modelo de desarrollo ya probado en otras regiones y/o zonas del país y del mundo; y cuya  implementación conlleva a más pobreza, y exclusión social.
La realidad innegable es que capitales como este, además de no repartir la riqueza generada, han contaminado el agua, han degradado los suelos y expulsado población del lugar en aras del alcanzar el lucro inmediato.
Nuestro compromiso e implicancia institucional con la temática abordada, nos lleva a ratificar  que estas familias generan desarrollo, y pueden mejorar sus actuales actividades productivas, partiendo de la condición básica del reconocimiento de sus derechos legítimos sobre su tierra.
Para esto es necesario que los reconozcamos -en primer lugar- como sujetos económicos y sociales que aportan riqueza;  para luego brindarles el espacio de participación efectiva en la solución de sus problemas.  
Afirmamos que si se invierte en este tipo de producción familiar -a la que pertenece la mayoría de nuestros productores rurales- ellos  tendrán condiciones reales para crear aún más puestos de trabajo; aportar con alimentos y excedentes exportables a la nación y que lo precedente enmarca una  estrategia  equitativa para preservar los recursos naturales para ésta y las siguientes generaciones de catamarqueños.
Finalmente decimos que esta situación -más allá de las diversas interpretaciones jurídicas y legales que pueda generar-; reaviva el postergado debate sobre qué modelo de país y de provincia queremos.
Su definición, pone en juego concepciones políticas, económicas y sociales estratégicas para el desarrollo armónico de Catamarca.  
Es indudable  que  -del final de esta historia del sur de los departamentos La Paz y Capayán- claramente dependerá el futuro de miles de pequeños productores catamarqueños que aún no tienen regularizada su situación con respecto a la tenencia de las tierras en las que viven y producen.

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