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Piden se investigue a los ministros de la Corte y a legisladores

Una denuncia para que se investigue la conducta de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de legisladores que estarían "negociando" la caída de los juicios políticos que se le siguen a los magistrados a cambio de un pronunciamiento a favor de la ley Tapón impulsada por el Ejecutivo para frenar el goteo de fondos, quedó radicada hoy en la justicia.
Buenos Aires, 2 de julio (Télam).- Una denuncia para que se investigue la conducta de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de legisladores que estarían "negociando" la caída de los juicios políticos que se le siguen a los magistrados a cambio de un pronunciamiento a favor de la ley Tapón impulsada por el Ejecutivo para frenar el goteo de fondos, quedó radicada hoy en la justicia.

La presentación fue realizada por el presidente de la Asociación Americana de Juristas, Beinusz Szmukler, el vicepresidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, Pedro Kesselman, y el presidente de la Asociación de AbogadosLaboralistas, Luis Ramírez, informaron fuentes judiciales.
En la acción penal -en la que intervendrá el juez Jorge Luis Ballestero- se pide que se investiguen, entre otros, el presunto delito de amenazas que impone hasta diez años de prisión "si tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos".
En las dos carillas de su presentación los letrados afirmaron que "parece imprescindible la declaración del Presidente de la Nación en funciones" en razón que Eduardo Duhalde habría alentado inicialmente el juicio político a la Corte y llamado "chantajistas" a sus integrantes.
La demanda entablada hoy ante Ballestero y el fiscal Miguel Osorio está patrocinada por Ricardo Monner Sans.
Los imputados en esta causa "podrían estar incursos en el delito de violación de los deberes de funcionario público" afirmaron los denunciantes, al tiempo que sostienen que esa figura penal se aplica a quien "no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".
En uno de los párrafos de la presentación -que también prevé el presunto encubrimiento por omisión de denuncia y retardo de justicia- se sostiene que "ni el Poder Ejecutivo, ni las autoridades delCongreso Nacional, desmienten que haya "negociaciones abiertas entre el Ejecutivo con la Corte"".
Respecto de los legisladores, sostuvieron que también deben ser investigados ya que "allí parece haber recalado el juego de presiones y contrapresiones con suficiente virtualidad como para evitar el avance del trámite del juicio político".
Pidieron que la pesquisa se extienda, finalmente, a las autoridades de los bloques justicialista y radical pués son ellos quienes "pueden aportar información en punto a las presiones que se han desplegado" para concluir adversamente al pedido de juicio político y así "cohonestarse lo que se ha dado en llamar "pacto de impunidad"". (Télam).


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