"La sociedad estaba integrada por contadores, abogados, técnicos informáticos, escribanos públicos y empleados de un organismo estatal"
La causa se inició en febrero de este año luego de una denuncia de la AFIP ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, por presunta comisión del delito de asociación ilícita fiscal de una organización compuesta por profesionales.
"La sociedad estaba integrada por contadores, abogados, técnicos informáticos, escribanos públicos y empleados de un organismo estatal que creaban empresas apócrifas en la zona centro de la provincia de Misiones, y en constante expansión hacia otras ciudades importantes del país", señaló la dependencia que conduce Ricardo Echegaray.
En base a la AFIP, "la organización se abocaba a facilitar la evasión tributaria de terceras personas ofreciendo un servicio variado: desde la creación de empresas "fantasmas", utilización de prestanombres, documentación falaz, cesiones permanentes de socios, simulación de empleados, confección y certificación de estados contables falsos, procesos concursales y hasta quiebras fraudulentas o intercambio de cheques a los contribuyentes a efectos de eludir los controles financieros".
En la investigación se detectó también la existencia de firmas que no tenían operatoria comercial y que no registraban acreditaciones bancarias, pero poseían un importante número de vehículos o propiedades, por lo que se solicitó que también se investigue el delito de lavado de activos.
Otra de las modalidades detectadas fue la utilización en calidad de prestanombres de personas mayores de 70 años, en su mayoría familiares de los involucrados, con la finalidad de eludir responsabilidades penales.
Para la habilitación de las sociedades crearon, además, un grupo de inmobiliarias que confeccionaban los contratos de locación, utilizando en muchos casos los mismos domicilios (propiedad del grupo) que eran alquilados a distintos contribuyentes casi en forma simultánea.
Dentro de los "servicios" que brindaban al contribuyente se detectó también, el descuento de cheques a través de algunas financieras con el objeto de que el Fisco no pueda reconstruir el circuito económico de pagos.
En el curso de la investigación el juez federal Ramón Claudio Chávez dispuso los trece allanamientos en domicilios reales, fiscales y legales de las personas involucradas y ordenó el secuestro de material documental relevante para la causa. Asimismo, se estableció el secuestro de libros de protocolo de dos escribanías de la ciudad de Oberá.
La Ley Penal Tributaria establece la pena desde 3 años y medio hasta 10 años de prisión para este tipo de delito, con un mínimo de 5 años para los "cabecillas" de la organización.
Fuente: Télam
