Rivas fue denunciado por la formación ultraderechista, que no está proscripta, por un delito de injurias con publicidad, y ratificó hoy en sede judicial que "los crímenes contra la humanidad de Falange son una verdad contrastada".
"Es un escándalo que en un Estado democrático y de derecho una jueza acepte una querella de una organización criminal, como es Falange, contra un periodista por decir una verdad histórica, como es la participación del partido en los crímenes del franquismo", aseguraron desde las asociaciones de víctimas.
"Si esta afirmación no se pudo probar en un juicio es porque el sistema de impunidad no lo permitió, no porque no haya sucedido", subrayó Edurne Rubio, portavoz de la Coordinadora contra la impunidad del franquismo, en declaraciones al diario digital Público.
En este contexto, el centroderechista partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD), liderado por la diputada Rosa Díez, presentó la propuesta (no de ley) de instar al gobierno de Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular (PP), a incorporar en el Código Penal el delito de negacionismo.
El objetivo es evitar que se "reinterpreten los crímenes tanto de ETA como del franquismo", explicó UPyD en una nota de prensa. Asimismo, quieren que se castiguen las "conductas lesivas para la convivencia en una sociedad democrática".
El "ejemplo paradigmático" del negacionismo es el de la negación del holocausto, que defiende la no existencia del genocidio practicado por la Alemania nazi contra judíos y gitanos, entre otras minorías.
Sin embargo, UPyD cree que en España también existen formas de negacionismo: la que cuestiona la represión franquista y la que "califica al exterminio de ETA como violencia política".
En ese sentido, el partido advierte que la "llamada izquierda abertzale" (el entorno político de ETA) está creando de manera "conciente" un discurso que responde a la estrategia de negar la existencia de los crímenes cometidos por la organización separatista y, por ende, "de la propia democracia en España".
La fuerza política de Rosa Díez sostiene que el negacionismo es un "comportamiento execrable" y que no se puede apelar a la libertad de expresión para ampararlo.
"La libertad de expresión es uno de los ejes centrales de los regímenes democráticos modernos, alcanzando la consideración de derecho fundamental", pero este "no puede suponer un derecho absoluto, sino que debe someterse a ciertos límites", dice UPyD.
Además, argumentan que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) declaró "de forma reiterada" que el derecho fundamental a la libertad de expresión "no permite dar cobertura a manifestaciones innecesarias que atenten contra el honor, la dignidad o la libertad de las personas o que pongan en peligro el sistema democrático".
En la misma línea, la doctrina del TC estableció que "la negación del genocidio puede ser delictiva como forma de incitación al odio, a la hostilidad o a la xenofobia".
El debate se producirá en un pleno que aún no tiene fecha establecida, según indicaron a Télam fuentes de UPyD, quienes confían en conseguir apoyos para esta iniciativa, que seguramente generará una fuerte polémica.
En noviembre de 2011, ETA anunció el cese definitivo de la violencia tras más de 50 años de lucha armada por la creación de un Estado vasco independiente, que dejó unos 800 muertos.
Así como ETA y la mayoría de sus integrantes no han pedido perdón tampoco el Estado español reconoció los excesos ni los crímenes cometidos en los años de lucha contra la organización, tanto en la época del franquismo como en democracia.
En cuanto a los crímenes del franquismo, en la actualidad no existe ninguna causa abierta en España, de ahí que las víctimas recurrieron a la justicia argentina, donde se presentó una querella en base al principio de justicia universal. Por el contrario, el juez español Baltasar Garzón, que intentó investigar estos crímenes, fue juzgado y absuelto por el delito de prevaricato.
Fuente: Télam
