La Justicia, sin embargo, cambió la calificación de "tormentos seguidos de muerte" por la de "privación ilegítima de la libertad seguida de muerte" y les redujo el monto del embargo de un millón a quinientos mil pesos a cada uno. Por esos delitos, los policías podrían afrontar -en un juicio oral- la pena máxima de reclusión perpetua.
La jueza María Cristina Bértola había procesado con prisión preventiva a principios de octubre a nueve efectivos de la seccional 34 de la Policía Federal, por su presunta relación con la muerte del adolescente y las agresiones a otros dos menores. que
lo acompañaban. (Télam)
