Solá explicó que la medida -encuadrada en un decreto de necesidad y urgencia- se adoptó "para defender la situación de los comisarios que en algunos casos son procesados por los jueces" por el alto número de presos que tienen a su cargo en calabozos y que no pueden concretar traslados.
"La delincuencia se muestra en creciente peligrosidad en la provincia", subrayó Solá, quien argumentó que, por ese motivo, promoverá la ampliación de la competencia de la justicia de paz para que actúe ante la comisión de delitos penales. (Télam)
