El proyecto apunta a combatir la tenencia de armas no declaradas, que son estimadas en hasta casi dos millones, y con las cuales se comete la gran mayoría de los delitos violentos.
El dictamen establece que "la portación de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de uno a cuatro años y que esta pena será de tres a ocho años si el arma fuere de guerra". (Télam).-