Así lo informó en su edición de hoy el diario Clarín, en una nota en la que precisa que el titular de la droguería, Marcos Daniel Hendler -que fue aportante a la campaña presidencial del Frente para la Victoria-, quedó en el centro de las sospechas.
En la nota, se informó que el magistrado dispuso el allanamiento de la Obra Social de los Camioneros (Oscocha) para tratar de determinar si existieron irregularidades en la adquisición del medicamento Erbitux, utilizado para pacientes con cáncer. Ese remedio fue comprado por la entidad médica sindical y pagado con fondos de la Administración de Programas Especiales, que depende del Ministerio de Salud.
La semana pasada, la Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal rechazó un recurso de casación presentado por el titular de la CGT contra el fallo que había desestimado la recusación del juez Claudio Bonadío en una causa en la que se investiga una presunta defraudación por parte de obras sociales del gremio de los Camioneros.
Para los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, el recurso de casación intentado "no se dirige contra una sentencia definitiva que con su dictado dirima la controversia poniendo fin al pleito o haciendo imposible su continuación, ni tampoco contra un decisorio que resulte equiparable a tal por sus efectos".
Moyano había pedido se separe a Bonadío sobre la base de que el juez había "prejuzgado", al momento de tomar declaración indagatoria al empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, otro de los imputados.
La causa se originó a partir de una denuncia realizada en el año 2006 por un dirigente de la Uocra. Bonadío analiza si hubo defraudación con tratamientos y medicamentos que son financiados con fondos de la Administración de Prestaciones Especiales (APE) del Ministerio de la Salud, a la que estarían vinculadas droguerías que también son investigadas por el juez Norberto Oyarbide, en la megacausa por los medicamentos adulterados.
Fuente: infobae.com
