La doctora Natalia Páez de Andrada, abogada de Vaca, y Jorge Díaz Martínez por la defensa de Rodríguez de Barros, presentaron oposición.
El caso comenzó en octubre del 2004, cuando la contadora María Concepción Quiroga -gerente económica financiera de Osep- notó un faltante y que la documentación respaldatoria del Fondo Permanente Nº 1, estaba desordenada.
La funcionaria advirtió del hecho a la directora de la Obra Social, doctora Gladys Buschasky, quien ordenó verificar la situación en el área de Tesorería y Fondo Permanente.
En noviembre de ese año, Gladys Buschasky elevó una nota al Tribunal de Cuentas de la Provincia, en la que informó las irregularidades detectadas por la comisión.
Entonces se realizó una auditoría interna en el ámbito de la Obra Social de los Empleados Públicos, en la cual se concluyó que durante los años 2003 y 2004, se produjo un faltante en la recaudación diaria de $ 204.477,59, y en el mismo período, con respecto al Fondo Permanente Nº 1, se ocasionó un faltante de $ 513.428,74, lo que hace un total de $ 717.906.
Según la acusación del fiscal, Fabián Corzo, que era el encargado del Fondo Permanente Nº 1, sustrajo los caudales pertenecientes a la hacienda pública provincial, pertenecientes a la recaudación diaria, ($ 204.477,59) y del Fondo Permanente Nº 1 ($ 513.428,74), cuya administración le había sido confiada.
Juan Manuel Vaca, como jefe de la tesorería de la obra social, y de cuyo control y administración dependía la división a cargo de Corzo, como así también el control y administración del Fondo Permanente Nº 1, tuvo una “actitud negligente, inobservante de los reglamentos y los deberes a cargo”, y dio ocasión para que Corzo sustrajera caudales.
La misma actitud le atribuyó el fiscsal a Hilda Teresita Rodríguez, como jefa del departamento Administrativo de la Obra Social, de cuyo control y administración dependía la división Tesorería como así también el control y administración del Fondo Permanente Nº 1.
