Según el protocolo, si la nueva calificación varía hasta un 10% respecto al examen anterior, se mantendrá la nota original. De lo contrario, se considerará el nuevo puntaje para definir la posición en el ranking. Esta medida busca asegurar equidad y transparencia en el proceso, sin constituir una sanción.
Medidas de control:
Los aspirantes debieron presentar DNI o certificado de residencia precaria para acreditar identidad.
No se permitió el ingreso con dispositivos electrónicos (celulares, smartwatches, etc.).
Prohibición de salir del aula sin supervisión.
La evaluación afectó únicamente a postulantes para residencias financiadas por el Estado nacional (hospitales nacionales, SAMIC e instituciones descentralizadas). Esta acción se tomó pese al desacuerdo con la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires en los criterios de validación, con el fin de preservar la integridad del proceso.
Contexto:
La medida surgió tras detectarse anomalías en los resultados del examen del 1° de Julio, lo que llevó a analizar el desempeño de 268 postulantes con 86 puntos o más. Se evaluó su promedio individual, trayectoria académica y desempeño histórico de sus universidades para determinar quiénes debían rendir la prueba complementaria.
Las residencias son una etapa clave de formación profesional, financiada por el Estado, y este examen busca garantizar que los mejores profesionales accedan a ellas, fortaleciendo así un sistema de salud de calidad.
