Sin embargo, el bloque aún espera una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que le permitirá destruir barcos de traficantes de migrantes en aguas territoriales de Libia, el convulso país donde más proliferan las mafias y de donde parte el grueso de las muchas veces precarias y abarrotadas embarcaciones.
"Se acaba de tomar la decisión de establecer una operación naval de la UE para interrumpir el negocio de las redes de contrabandistas y traficantes", dijo la jefa de la diplomacia del bloque europeo, Federica Mogherini, en su cuenta de Twitter luego del encuentro de los ministros en Bruselas.
La decisión de usar la fuerza militar para afrontar la crisis humanitaria es quizás la parte más polémica de una estrategia más amplia de la UE para tratar de poner coto a una situación que ya ha visto la muerte de más de 1.800 personas en lo que va del año cuando intentaban cruzar el mar en barcos que naufragaron.
En los últimos 18 meses, los muertos ahogados en el Canal de Sicilia ascienden a 5.000, según la intergubernamental Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En conferencia de prensa después de hacer su anuncio en Twitter, Mogherini dijo que el cuartel general de la nueva operación, bautizada como EUNavfor Med, estará en Roma, y que su comandante de operaciones será el contraalmirante italiano Enrico Credendino, informó la agencia de noticias EFE.
La diplomática confió en que la misión pueda lanzarse en junio tras una cumbre de líderes europeos y en que para entonces el Consejo de Seguridad haya adoptado el mandato solicitado por la UE "al amparo del capítulo 7" de la Carta de Naciones Unidas, que permite el uso de la fuerza, para poder implementarla plenamente.
La destrucción de los barcos de traficantes en aguas libias es la parte más controvertida del plan, y la organización Human Rights Watch la calificó ya de "locura total".
Pese a la aparente unidad respecto de la acción militar, la UE mostró hoy crecientes divisiones sobre otra parte del plan integral que adopta cuotas obligatorias de refugiados que los distintos países del bloque deben aceptar, con España sumándose a los cuestionamientos de países como el Reino Unido y Francia.
La nueva estrategia inmigratoria comenzó a ser delineada por los líderes europeos el mes pasado bajo intensa presión doméstica e internacional, luego de la muerte de hasta 800 migrantes al hundirse un barco que había zarpado de Libia con cientos de pasajeros a bordo, muchos de ellos encerrados en las bodegas.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien también asistió a la reunión en Bruselas, dijo que la alianza militar encabezada por Estados Unidos estaba lista para ayudar, aunque agregó que la UE aún no había solicitado su asistencia.
También advirtió que "terroristas" de grupos islamistas como el Estado Islámico (EI) podrían querer arriesgarse a realizar el peligroso cruce del mar "tratando de esconderse, tratando de mezclarse con los migrantes".
El Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España ya prometieron desplegar barcos de guerra para la misión del bloque, que, paradójicamente, se creó para promover la paz después de la Segunda Guerra Mundial.
Según el documento aprobado por los ministros, en una primera fase la misión prevé intercambiar información y patrullar en alta mar para detectar redes ilegales de inmigración.
A continuación, contempla abordar, capturar o desviar los barcos sospechosos que se aproximen a Europa que no tengan pabellón o si se cuenta con el permiso del país representado en su bandera en aguas internacionales, o en las territoriales del país concernido en tanto se cuente con su permiso o con una resolución de la ONU.
La última fase implica tomar "todas las medidas necesarias" contra las embarcaciones y los activos, como "desecharlas" o hacerlas "inoperantes" en el territorio del estado costero concernido, de acuerdo con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU o el consentimiento de dicho país.
Los gastos comunes de la misión se han cifrado en 11,82 millones de euros para una fase de puesta en marcha de dos meses, más un mandato de doce meses.
En cuanto al sistema de cuotas obligatorias de inmigrantes, parte de la estrategia integral inmigratoria aprobada la semana pasada por la Comisión Europea, España amplificó hoy las críticas a esta cuestión ya hechas públicas por el Reino Unido y Francia, entre otros.
El canciller español, José Manuel García-Margallo, dijo que "ningún país puede aceptar a inmigrantes a los que no pueda atender en condiciones de dignidad" y señaló que los criterios de cuotas de asilo de la UE no se corresponden "con los deseos del gobierno".
La UE también ha prometido invertir más dinero en operaciones no militares de búsqueda y salvamento de personas.
Fuente: Télam
