Catamarca
Domingo 22 de Septiembre de 2019
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Por Reynaldo Sietecase

Historia e historieta

La escena es posible y revela una de las grandes paradojas argentinas: Carlos Menem desde su banca de senador por La Rioja, vota a favor del proyecto de estatización de la mayoría accionaria de YPF, la empresa que él mismo decidió privatizar a comienzos de los noventa cuando era presidente de la Nación. También podría votar en contra o ausentarse de la sesión, es cierto. Pero el sentido de su voto no es sustancial, lo relevante es su condición. Menem es senador gracias al apoyo de la mayoría de los riojanos cuando, en realidad, debería estar preso. La imagen figurada es una postal dolorosa. Argentina hizo lo que casi ningún otro país de la región siquiera sometió a discusión: vendió su empresa petrolera a una firma diez veces más pequeña y renunció a controlar su matriz energética. Menem no tuvo sanción penal por propiciar éste y otros estropicios. Tampoco cosechó sanción social. La histórica decisión de recuperar para el Estado el control de la empresa petrolera merece, por lo trascendente, una lectura crítica.

Menem lo hizo, y para poder hacerlo, contó con el apoyo de todo el Partido Justicialista con la honrosa excepción del llamado "Grupo de los 8" (es justicia mencionarlos: Germán Abdala, Darío Alessandro, Juan Pablo Cafiero, Luis Brunati, Franco Caviglia, José Carlos Conde Ramos, Moisés Fontela y Chacho Álvarez). Además se opusieron Saul Ubladini, la CTA de Víctor De Genaro y el MTA de Hugo Moyano mientras el resto del sindicalismo aplaudía. El apoyo de los gobernadores de las provincias petroleras fue clave: les enseñaron la zanahoria de las regalías y, acosados por tremendas crisis financieras, exigieron a sus legisladores que aprobaran la venta de la empresa. La Santa Cruz de Néstor Kirchner no fue la excepción. Al histórico discurso de la presidenta, cuando anunció la recuperación de YPF por la vía de la expropiación, le faltó una autocrítica más precisa.

El riguroso informe sobre los incumplimientos de Repsol en materia de inversión y exploración; el detalle de la voracidad de sus accionistas y la falta de estrategias productivas de la gestión privada de la empresa, bien pudo estar acompañado por algún párrafo crítico sobre los errores cometidos en el diseño de la política petrolera de los últimos años. En especial, el fallido intento de "argentinización" que terminó en un negocio "atado" para un grupo empresario amigo. Memoria, verdad y justicia es una consigna que no sólo debe remitirse a los años oprobiosos de la última dictadura. También en materia económica es necesario establecer un "Nunca más".

Los de Afuera

Desde España se generó un tsunami de amenazas, declaraciones altisonantes, insultos y bravuconadas. La medida fue considerada injusta, ilegal, maliciosa, arbitraria y discriminatoria. Desde los medios de comunicación de la Madre Patria, se sostiene la idea de que "tocar" a Repsol es "atacar" a España. En esa idea coinciden el gobierno del Partido Popular y el PSOE, ahora en la oposición. Sin embargo, no todos piensan igual. El diputado Alberto Garzón Espinosa, de Izquierda Unida, lo explicó con claridad: "Repsol no es España, Repsol es en un 42 por ciento propiedad de inversores extranjeros y otro diez por ciento es de Pemex (la petrolera mexicana), también de bancos y constructoras. No es España, es una multinacional". Y agregó: "la decisión del gobierno argentino es legítima y no afecta a la economía española". El legislador de la izquierda parlamentaria española se permitió apuntar: "espero que la empresa ahora sirva al pueblo y a los trabajadores y no se convierta en un negocio para otros capitales".

Más allá de los previsibles planteos en los tribunales internacionales, la discusión ahora es de plata. En un principio, el presidente de Repsol, Antonio Bruffau aseguró que iban a reclamar diez mil millones de dólares. Luego aumentó la cifra a 18 mil millones. En su paso por el Senado, el ministro de Planificación Julio De Vido y el viceministro Axel Kicillof  rechazaron el planteo: "Vamos a pagar lo que vale, no lo que ellos quieran", señalaron. Luego incorporaron el concepto de "daños ambientales" para deducir del precio final que se tendrá que pagar por la operación. Vale un ejemplo: sólo en Santa Cruz hay una denuncia contra la empresa por afectar el medio ambiente que ronda los 500 millones de dólares.

En las últimas horas se sucedieron los apoyos de Bolivia, Venezuela, Brasil y Uruguay. El más claro fue Pepe Mujica: "No nos gusta el prepo de la Europa rica", dijo y defendió la decisión del gobierno argentino "porque hace a su soberanía". Las críticas llegaron de la Unión Europea y en Sudamérica protestaron Chile y México, cuya petrolera tiene el diez por ciento de Repsol.

Los de Adentro

Como ocurrió con otras dos decisiones políticas trascendentes del gobierno: la estatización de los fondos de jubilación y la ley de Servicios Audiovisuales, una parte importante de la oposición adelantó su apoyo a la medida. Desde Pino Solanas hasta Hermes Binner; desde Víctor De Genaro hasta la mayoría de los dirigentes de la UCR, se expresaron a favor de recuperar la empresa petrolera. Cada uno con sus matices y sus críticas. En especial por la forma, la errática política de los últimos años y el respeto a las acciones del grupo Eskenazi.  El acompañamiento opositor contribuye a darle contención política a la medida y es una clara señal hacia el exterior.  Si la generosidad no fuera un bien tan escaso en la Argentina, el kirchnerismo haría muy bien en destacarlo.  Lograr el autoabastecimiento petrolero y la eficacia en la gestión de la empresa, es una tarea que trasciende a un gobierno.

Con los partidos de derecha no hubo sorpresas, se opusieron de manera tajante a la intervención del estado. En conferencia de prensa, Mauricio Macri, señaló: "es una decisión que va en contra los intereses del país". Hasta allí, todo bien. Nadie esperaba algo distinto. Pero luego el Jefe de Gobierno contó que se desveló por la medida y expresó la preocupación que lo asaltó, en plena madrugada, ante la cuna de su hijita. Igual de asustado, Francisco De Narváez, aprovechó para advertir sobre los riesgos de "entregarle YPF a La Cámpora como hicieron con Aerolíneas". Elisa Carrió y los restos de la Coalición Cívica, se limitaron a impugnaron la medida. El gran Carlos, no dijo nada todavía.

Nota publicada en Diario Z edición 19.1.2

Fuente: Reynaldo Sietecase Blog


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