Según precisaron fuentes judiciales, el fiscal, que citó a Stechina para el martes a las 10.30, tomó la resolución luego de analizar las grabaciones de la asamblea, entregadas por el periodista rafaelino Miguel González, quien compareció en carácter de testigo.
"Hay muchos métodos psicológicos y de acción directa para destituir y hacer desaparecer a toda esta gente. El problema es la gente que está en el Gobierno"
Stechina, un productor de la localidad de Avellaneda, en el norte de Santa Fe, dijo en esa asamblea que en su zona "los productores están dispuestos a que este gobierno, o esta porquería que está gobernando, se vaya a patadas".
Luego, dijo que "hay muchos métodos psicológicos y de acción directa para destituir y hacer desaparecer a toda esta gente. El problema es la gente que está en el Gobierno".
En su resolución, el fiscal Rodríguez emplazó a Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Luis Etchevehere (Sociedad Rural), Rubén Ferrero (Confederaciones Rurales) y Carlos Garetto (Coninagro) para que en el término de cinco días informen "los motivos que inspiraron la convocatoria".
También les pidió precisiones sobre "la identidad de la totalidad de los asistentes -en su defecto las personas concurrentes que resulten conocidas por los convocantes-, como así también la identificación de quienes hicieron uso de la palabra".
El fiscal Rodríguez se hizo cargo de la causa por orden del juez federal 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, quien a su vez la recibió del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien la había iniciado en Buenos Aires una semana después de realizada la asamblea.
La imputación a Stechina se basa en el artículo 212 del Código Penal, que establece "prisión de tres a seis años al que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación".
En su escrito, el fiscal le imputa a Stechina haber propuesto "de manera dura, concisa y concreta -´sin tibiezas´-, la deposición de las autoridades públicas nacionales, las que según sus expresiones deberían irse del país a ´las patadas´".
El texto continúa explicando que el acusado destacó que para lograrlo existen "medios psicológicos y de acción directa que podrían implementarse para asegurar tal destitución, e incluso, haciendo desaparecer a los funcionarios que componen el gobierno nacional".
En ese marco, el fiscal encomendó a Gendarmería establecer el domicilio del imputado y un informe socio-ambiental, en tanto será tarea de la Policía Federal "la extracción de fichas dactilares idóneas a los efectos de verificar la existencia de antecedentes penales ante el Registro Nacional de Estadística Criminal".
Fuente: Télam
