En sus conclusiones, los legisladores señalan que “la designación en cargos de conducción de agentes que han tenido actuación policial en años de dictadura y violaciones a los derechos humanos colisiona, irremediablemente, con las recomendaciones internacionales sobre el personal de las fuerzas policiales y con el perfil de policía que la ciudadanía requiere y que la Legislatura ha plasmado en las normas vigentes”.
Indican, en su informe, que el gobierno de Macri “no ha contemplado planificación estratégica de incorporación de personal policial con experiencia previa basado en necesidades operativas y perfiles de distinta especialización”.
“Prueba de ello es la incorporación de agentes de inteligencia, cuando la ley de Seguridad Pública no habilita este tipo de tareas”, según el informe.
Asimismo, los legisladores denuncian “graves y diversas irregularidades en el proceso de incorporación de oficiales con experiencia previa: la ausencia de foja de servicios y de certificaciones de antecedentes disciplinarios, entre otras”.
Agregan que el gobierno de Macri “ha negado sistemáticamente el acceso a información pública vinculada a las tareas de la Comisión”.
El informe requiere, finalmente, la remoción de la actual cúpula de la Policía Metropolitana y la designación de personal policial idóneo y con la acreditación de antecedentes en lo que hace al respeto a los derechos humanos.
Firman el informe Gabriela Alegre y Francisco Nenna (Encuentro Popular para la Victoria); Delia Bisutti, Rafael Gentili, Julio Raffo (Movimiento Proyecto Sur); Rocío Sánchez Andía y Juan Pablo Arenaza (Coalición Civica); Marcelo Parrilli (MST), Claudio Presman (UCR) y Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro). (Telam)
