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Martes 04 de Octubre de 2022
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Macri fue apercibido judicialmente por la causa del Riachuelo

Una resolución del juez Armella lo intima a erradicar “total y definitivamente” las viviendas precarias que están a la vera del Riachuelo, dentro del territorio porteño, en un “improrrogable” plazo de diez días. Se trata de aproximadamente 1700 familias. Si no lo cumple, deberá pagar una multa diaria de su propio patrimonio. Desde el gobierno porteño, afirman que el jueves próximo realizarán la presentación de un plan modificado.
(DIARIOC, 12/02/2011) La sentencia judicial dirigida a Mauricio Macri es muy precisa: “Se intima al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que en el “improrrogable” plazo de 10 días reformulen las previsiones para la relocalización de las construcciones encalladas en el “denominado” camino de sirga a través de la autoridad de Acumar (Cuenca Matanza Riachuelo)”. Un tema complejo si se tiene en cuenta, que si bien no hay números exactos, se calculan poco más de 1700 familias.

Con la firma del juez Federal de Quilmes, Luis Armella -el encargado de hacer cumplir el fallo de la Corte que ordenó el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo en julio de 2008- la resolución también intimó al titular del Instituto de la Vivienda, Omar Abboud respecto de la evacuación de las personas que viven a la vera del río en alto nivel de contaminación.

En caso de no cumplir con el fallo, “los hará incurrir inmediatamente y sin más contemplaciones, en la responsabilidad que les correspondiere”, dice el juez en su sentencia y aclara que este comportamiento “los hará pasibles de soportar con sus propios patrimonios, el pago de una multa diaria por cada día de incumplimiento”.

En diálogo con LPO, Omar Abboud señaló “que el jueves próximo, la Ciudad hará una presentación oficial, ante Acumar y con prolongación al Juzgado, de un plan modificado de relocalización de los habitantes del camino de sirga”. También aseguró que, tal como dispone la Justicia, las personas no cobrarán un subsidio, sino que serán reubicadas en respectivas viviendas.

En su resolución, el magistrado consideró que “por las características de la organización política e institucional de la Ciudad de Buenos Aires, es de esperar que demuestre acciones más contundentes en aras de la remediación ambiental” y criticó que “teniendo especialmente en ciernes la existencia efectiva de los fondos necesarios para la concreción inmediata de las obras, sería inadecuado pasar por alto tamaña demostración de injustificada inacción”.

Sobre esta posibilidad, la sentencia judicial señaló que en caso de incumplimiento de la Ciudad, será el Presidente de Acumar, Juan José Mussi, quien deberá fijar los plazos y el modo de realización de las obras, cuya ejecución estará a cargo de la Ciudad, pero sin posibilidad de objetarla. E incluso fue más allá: todo incumplimiento “llevará anexada una incuestionable negligencia que la hará punible de las sanciones previstas en nuestro ordenamiento legal, tanto civil como penal”.

En otra resolución dictada al mismo tiempo, Armella detalló los censos realizados por Acumar –la Ciudad no realizó aún los suyos propios- e indica que en el Asentamiento El Pueblito, viven 210 familias en 113 casas, en el asentamiento Luján o Puente Bosch hay 78 familias en 58 casas (de las cuales 44 familias y 20 casas están sobre el camino de sirga), en la Villa 26 residen 215 familias en 138 casas; y el asentamiento Magaldi es habitado por158 familias en 118 casas. Faltan aquí los datos de la Villa 21-24, la más grande de la zona y con la que se totalizaría la suma de aproximadamente 1700 familias que deben ser relocalizadas. (La Política Online)

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