Este conflicto por el que atraviesa la institución, comenzó cuando se produjo el recambio de autoridades: el pasado 10 de diciembre. Así lo hizo conocer en la presentación a la Justicia el edil Adolfo Soria. El concejal sostiene que hubo violación de las resoluciones emitidas por el Concejo por parte de los concejales Eduardo Santillán (PJ), Miguel Maturano (PJ) y Miguel Romero (PJ), quienes habrían obrado ilegítima y arbitrariamente, al nominar a Santillán como presidente del cuerpo.
En principio, Soria cuenta que fue designado presidente del Concejo el pasado 29 de noviembre ante la ausencia de un presidente, tras la renuncia del ex concejal López. El mismo día, a través de una resolución, los concejales acordaron la elección de autoridades el 28 de febrero de 2008, antes del inicio del período de sesiones ordinarias.
Sin embargo -argumenta Soria- que los nuevos concejales luego de la toma de juramento y una vez culminado el acto de asunción no respetaron lo acordado, por lo que solicitaron al entonces único presidente del cuerpo una “sesión secreta para cambiar autoridades”. A pesar de la explicación de Soria que no se podía realizar y el retiro del concejal Miguel Brizuela (FCyS), los tres ediles sin respetar la falta de quórum designaron las nuevas autoridades, quedando como presidente el concejal Eduardo Santillán.
Ante este conflicto, Soria pone en conocimiento de la Justicia que hubo una violación de las resoluciones y artículos del reglamento interno, con el agravante de la violación de la ley orgánica de municipalidades, que dispone la aprobación de una resolución, remoción, destitución sólo por mayoría.
Soria ahora solicita a la Justicia que por esta anomalía decrete medida cautelar y ordene la restitución del cargo de presidente del Concejo Deliberante de Huillapima a su persona, hasta tanto la acción presentada sea definida.
Fundamenta su pedido al expresar: “No puedo ser removido del cargo hasta el 28 de febrero de 2008, pretendo asegurar el legítimo ejercicio del cargo, del cual fui despojado con arbitrariedad y abuso de autoridad, violentándose las expresas normas legales y constitucionales”. Reconoce también que la situación desemboca en una gravedad institucional.
